A casi tres años de que emitió sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el Estado mexicano aún no investiga ni aplica la sanción correspondiente a los elementos del Ejército y autoridades judiciales involucradas en actos de tortura cometidos hace 14 años contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

Informó lo anterior la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Stephanie Brewer.

El tribunal interamericano advirtió también que el Estado no ha reformado el Código de Justicia Militar, instrucción que recibió para garantizar que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

De hecho, dijo Brewer, la reforma al código militar ha sido ordenada por la CIDH en cuatro sentencias consecutivas dirigidas contra México.

En esta ocasión, la Corte recordó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana, y reiteró la obligación (del Estado mexicano) de reformarlo.

Brewer destacó que los señalamientos referidos se desprenden de la primera resolución de supervisión de cumplimiento de la CIDH, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México (conocido como el caso de los campesinos ecologistas), emitida en agosto pasado y recientemente notificada al Centro Prodh y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

En entrevista, dijo que la investigación ordenada por la CIDH tiene que incluir toda una cadena de implicados, desde militares hasta autoridades judiciales y ministeriales involucradas, hace 14 años, en actos crueles y de tortura, cometidos en contra de los campesinos.

Precisó que ya se dio atención médica a los campesinos, pero sigue sin resolverse el problema de fondo, que se garanticen cambios estructurales para evitar que se vuelvan a repetir actos de tortura.

En la sentencia, la Corte advierte: Este tribunal constata que a más de dos años de haberse iniciado la averiguación previa, se han realizado pocas diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso.

Ante ello, se insta al Estado a que realice, dentro de un plazo razonable, las diligencias pendientes dentro de la averiguación previa, exigencia a la que se suman el Centro Prodh y el Cejil.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos recordaron en un pronunciamiento que en este caso está ampliamente documentada la tortura sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber transcurrido 14 años desde los hechos, están disponibles todos los elementos para que avance la investigación.