Ante la omisión e indiferencia de las autoridades federales y locales, asociaciones civiles tomaron la iniciativa de declarar en forma autónoma la Alerta de Género Ciudadana, para proteger a las mujeres víctimas de feminicidio, asesinadas cada vez con mayor saña y sadismo en el país, declararon por separado, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Martha Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal.

Al hacer un llamado a las organizaciones de derechos humanos y de género del país, para que se sumen a la iniciativa, señalaron que frente al creciente número de homicidios de mujeres, más de seis por día, ya no podemos esperar a que se reúnan las autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (de la Secretaría de Gobernación), porque además de toda la burocracia, por cuestiones partidistas se han negado a emitir la alerta en las entidades en que se ha requerido: estado de México (más de tres veces), Ciudad Juárez, Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo, entre otras entidades.

La falta de compromiso de las autoridades con los ciudadanos, abundó, “nos orilla a organizarnos y a solicitar una declaratoria de emergencia nacional, pues en sólo dos estados se han registrado más de 2 mil feminicidios”.

Figueroa relató que, en el caso de Chiapas, la omisión gubernamental provocó que ocho asociaciones civiles se unieran en San Cristóbal de las Casas para declarar en forma autónoma la Alerta de Género Ciudadana, lo que implicó acciones organizadas para presionar a las autoridades judiciales, de salud, educación, de seguridad y otras.

En San Cristóbal se han registrado 67 feminicidios este año e involucran desde niñas de dos años de edad hasta mujeres de 85; este año la tasa se elevó 15 por ciento respecto de 2012.

“Nuestras acciones (de las ONG) ya hicieron a un lado el performance y las marchas; nos decidimos a presionar a las autoridades para exigirles protección, seguridad, justicia, coordinación entre las autoridades judiciales, de salud, de educación, campañas de difusión, vigilancia de la policía y cursos de capacitación a los agentes, entre otras acciones”, explicó.

Reprobó que los recursos dirigidos a combatir la violencia de género, se los gasten las autoridades locales en otras cosas; por ejemplo, en Chiapas, el gobernador gasta más en publicidad que en un peritaje de ADN o se gastan todo el dinero para tapar baches.

Estrada manifestó respeto por las decisiones de las ONG, pero advirtió que es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de proteger y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.