l Estado es recaudador por naturaleza. Esa capacidad se fija por medio de las leyes, y por eso la obligación de pago es un impuesto, no una contribución. La encargada de cobrar los impuestos es una agencia de administración tributaria.

Toda actividad recaudatoria de Estado es de índole política, pues tiene que ver con la apropiación de parte de los ingresos de los ciudadanos y comprende también, por supuesto, el destino de los recursos recaudados.

La propuesta de reforma fiscal que se debate en México y sobre la que legislará el Congreso contiene cambios a las diversas leyes que definen los ingresos del gobierno y, por otro lado, dispone la dirección del gasto público.

Todo aumento de la recaudación de impuestos tiene un impacto sobre la capacidad de gasto de la población y sobre los incentivos para consumir, ahorrar e invertir. El traslado de los ingresos privados, sean de personas o empresas tiene como contraparte las acciones del gobierno para gastar o distribuir el dinero recaudado. Lo que uno deja de hacer lo puede hacer el otro; el asunto es qué, cómo y cuándo.

Esta es la disputa política por los recursos y corresponde a un desplazamiento de una a otra parte, en este caso más al gobierno y menos al sector privado. Detrás hay criterios necesarios de carácter social, económico, de eficiencia, productividad, equidad y también hay desvíos y desperdicios que hay que tener en cuenta con formas de reducirlos con una efectiva aplicación de las leyes y la rendición de cuentas.

La reforma fiscal que está en la mesa establece varios objetivos. Dos son clave: uno, promover el crecimiento del producto y del empleo y, otro, elevar el nivel de bienestar con políticas de carácter distributivo y cuya eficacia es discutible.

No es fácil conciliar estos objetivos; las medidas que se ofrecen están esencialmente centradas en recaudar de aquellos que ya pagan impuestos y el planteamiento del gobierno contiene contradicciones relevantes.

Los impuestos que se proponen, por el lado del ingreso (ISR), del IVA, de los derechos y aprovechamientos y, además, de los precios bajo control oficial (gasolinas, gas, electricidad y otros) son restrictivos en términos del crecimiento. Reducen el ingreso disponible de las personas, especialmente de aquel segmento que tienen mayor capacidad de gasto y está cautivo en cuanto al pago de impuestos. La intención de cobrar el IVA a las colegiaturas y a las transacciones con bienes inmuebles es gravosa e ineficiente y provoca fricciones.

Para la empresas hay un aumento en los costos, especialmente derivado del tratamiento fiscal de los salarios, las prestaciones y reparto de utilidades, lo que inhibe la contratación y alienta la informalidad, sobre todo en el segmento de las Pymes, que es el que se quiere fomentar. Los estímulos previstos para atraer a la formalidad a quienes están fuera de ella son poco efectivos, y eso no se suple convirtiendo a los bancos en instrumentos para el registro de causantes en Hacienda.

Lo mismo ocurre en materia del tratamiento de las inversiones y una serie de deducciones permitidas actualmente, que extienden el uso de los recursos en las actividades productivas.

La reforma hacendaria está planteada con el trasfondo de la reforma energética que se discute de manera simultánea. El gobierno afirma que los recursos petroleros ya no pueden sostener al erario y de ahí la modalidad de la apertura que quiere hacer en Pemex.

Esto es precisamente lo que es debatible y el carácter de la dependencia de las transferencias de Pemex al Estado se aprecia en que en 2014 no se altera el régimen fiscal que tiene. ¿Cómo se va a llenar ese hoyo fiscal?

Este aspecto de las políticas públicas es particularmente conflictivo. Sobre todo cuando una reforma fiscal eminentemente recaudatoria se postula al mismo tiempo que se acrecienta el déficit fiscal y, con ello, la carga de la deuda pública. He aquí el problema del desplazamiento a favor del sector público y las distorsiones que puede provocar. Un déficit de 3.5 por ciento del PIB el año próximo año no es para nada algo menor. La eficacia general de la reforma puede cuestionarse.

En cuanto a las premisas distributivas del seguro de desempleo y la pensión universal, el punto es que el primero lo deben financiar las empresas y, una vez más, se eleva la carga laboral.

La pensión se pagaría por parte del gobierno con el incremento de la recaudación. Pero aquí cabe una observación elemental: no se pueden contraer obligaciones de pago crecientes (por los efectos del cambio demográfico) y de cada vez más larga duración sin contar con fuentes constantes de recursos.

Esto es hoy imposible de afirmar por parte del gobierno en la reforma propuesta, puesto que está planteada para que funcione en un entorno de crecimiento del producto y del empleo alto y sostenido. Esto es precisamente lo que no ha pasado en el país en los últimos 30 años. Y no se ve cómo es que esta reforma, junto con la financiera y la energética, van a lograr tal objetivo en un periodo muy extendido de tiempo.

La reforma fiscal en México es necesaria. Se puede abrir ahora un espacio para usar la propuesta del gobierno y conformarla para basar un mayor crecimiento y creación de riqueza, únicas fuentes de bienestar sostenible.