Xalapa, Ver., 22 de septiembre.

La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibir la manifestación de impacto ambiental (MIA) regional, del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, según la Gaceta Ecológica de la Semarnat publicada el 12 de septiembre.

Este trámite contraviene el amparo indirecto 1242/2012 otorgado por el juzgado tercero de distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, que dejó sin efecto el decreto presidencial publicado por Felipe Calderón Hinojosa en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de noviembre de 2012, el cual quitaba protección a parte del parque nacional del sistema arrecifal veracruzano.

Ángeles Guzmán Hernández, integrante del grupo ciudadano que promovió el amparo, explicó que con este recurso legal se mantiene vigente la protección de 52 mil 238 hectáreas, según las especificaciones del decreto publicado el 24 y 25 de agosto de 1992, por el cual se declaró área natural protegida, y por tanto no puede realizarse ningún trámite administrativo ni trabajo de construcción que atente contra la protección del área o cambie su uso, que es de conservación natural.

La presentación de la manifestación de impacto ambiental, agregó, viola la suspensión definitiva otorgada por el juzgado tercero de distrito con sede en Boca del Río. Se trata de un desacato; se está violentando el estado de derecho.

En la MIA, elaborada por la empresa Argo Consultores Ambientales, se admite que el proyecto tendrá impacto directo en la estructura del arrecife de Punta Gorda, y que La Gallega será el arrecife más cercano a la zona del proyecto, pero no explica el área del arrecife que será invadida, y menos los efectos.

Marco Antonio Muñoz Guzmán, abogado de los ambientalistas que interpusieron el juicio de amparo ante el juez tercero de distrito, indicó que se solicitará a la Semarnat la suspensión del trámite, toda vez que existe una suspensión otorgada por el Poder Judicial en tanto se desahoga el juicio correspondiente.

Vamos a presentar escritos tanto en Xalapa como en Veracruz. Que lo detengan en tanto se revisa la suspensión, dijo.

Muñoz Guzmán indicó que analizará los documentos que la Dirección de Puertos y Marina Mercante entregó a Semarnat, dado que la suspensión tiene reglas diferentes al amparo; debemos analizar, por lo pronto, qué documentos entregaron.

Asimismo, se dijo sorprendido por la magnitud del proyecto de ampliación. Es más grande de lo que esperábamos y dragarán más el lecho marino. Causará más daño ambiental, cambio de mareas, impacto en tierra y estragos en los arrecifes naturales, lamentó Muñoz Guzmán.

Los defensores del ambiente consideraron sospechosa la cercanía de Apiver con la empresa Argo Consultores Ambientales, propiedad de Arturo Gómez Pompa, asesor de la Universidad Veracruzana, quien elaboró la MIA que se presentó ante la Semarnat, y pidieron a las autoridades fiscalizadoras investigar.

Señalaron que entre los contratos entre Apiver y esa empresa está el número API-GI-CS-6107-10, de 2010, por un monto de 317 mil pesos y asignado en forma directa.

También figura la entrega sin licitación del contrato API-GI-CS-62601-18-11, de 351 mil pesos, representación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Semarnat para obtención de la MIA del proyecto denominado ampliación natural del puerto de veracruz en la zona norte.

En ese contrato, la Apiver no solo pagó a la empresa para que presentase el proyecto, sino también para que lo cabildeara ante la Semarnat. También se tienen documentados los contratos API-GI-CS-62905-17-11 y API-GI-CS-62601-18-11, por asesorías y cabildeo ante Semarnat.