El Senado debe entrar a una discusión seria y razonable para legislar y frenar el enorme saqueo de los recursos mineros y los abusos de las concesionarias, la mayoría extranjeras, frente a las comunidades, advirtió el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, quien con Dolores Padierna y Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa de nueva ley minera.

La propuesta, elaborada por movimientos sociales que han enfrentado la problemática de la explotación irresponsable de los recursos mineros del país, reconoce el derecho de los pueblos originarios y las comunidades indígenas a participar en la asignación de las concesiones y el desarrollo de los proyectos de explotación de minerales.

Encinas recalcó que 30 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a 285 empresas, la mayoría canadienses, que prácticamente no pagan regalías sobre los recursos que explotan y dejan una estela de contaminación y enormes pasivos ambientales.

La propuesta, explicó, busca que la minería deje de ser preferente por encima de otras actividades y establece un capítulo sobre derecho de las poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales frente a la explotación de minerales.

Define la minería como actividad de interés público y no de utilidad pública, y limita al máximo los desarrollos extractivos. Hay la prohibición expresa de instalarlos en áreas naturales protegidas, pueblos mágicos, centros de patrimonio histórico cultural o zonas estratégicas de producción de alimentos.

A la par, propone el cobro de regalías con base en el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina y no sobre los ingresos reportados por las empresas, toda vez que éstas ocultan en gran medida el enorme volumen de riqueza que extraen.

Igualmente, endurece las sanciones a violaciones a la ley, incrementando las causales de nulidad de concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de operación.

Asimismo, se separan las concesiones de exploración de las de explotación y beneficio minero, con diferente lapso de vigencia: de dos años para las primeras y de 20 para las segundas, las cuales son actualmente de 50 años.

Asimismo, anula las cláusulas de confidencialidad que hoy permiten ocultar información que las concesionarias deben entregar al Estado mexicano.

La iniciativa propone además regímenes diferenciados para minería artesanal y lo que corresponde a la pequeña, mediana y gran minería, y se fortalece el sistema de inspecciones sobre la operación de las compañías.

En cuanto a los trabajadores, detalló Encinas, se propone que desaparezca de la ley la figura de ocupación temporal. Elimina además la utilización de sustancias tóxicas en la minería metálica, como el cianuro y otros productos altamente peligrosos.