l pluvioso 2013 trajo a las costas mexicanas furiosas tormentas. Dos huracanes coincidieron para provocar un desastre sobre una tercera parte de la República. Las inundaciones, ruptura de presas, destrucciones de caminos y de puentes provocaron un mayor número de muertes que en catástrofes similares en los 10 años recientes. No sólo el gobierno (la sociedad, la estructura política) mostró su vulnerabilidad: la prevención civil falló en todos los niveles. La corrupción mostró su carácter omnipresente: la deforestación convirtió a los ríos en masas de lodo que arrastraron gente, animales y casas. Las presas descuidadas o mal hechas no pudieron manejar el aumento de los cuerpos de agua. Muchas zonas habitacionales construidas en zonas de alto riesgo fueron barridas. Las labores de rescate privilegiaron a los ricos y a los turistas extranjeros y mostraron el descuido criminal con los pobres. La Autopista del Sol de México a Acapulco colapsó por la baja calidad de la construcción, cochupo entre políticos y negociantes.

Un sentimiento de rabia contenida fue la respuesta del pueblo y millones de observadores indemnes percibieron lo evidente: el sistema no podía defender a los habitantes. Era una máquina obsoleta y mal conservada a la que un esfuerzo extraordinario desarticula.

Mientras, el gobierno federal logró desalojar a los profesores disidentes del Zócalo. La violencia dejó un mal sabor. En el fondo sabíamos que la reforma impugnada por los profesores no intentaba mejorar nuestra educación (la peor entre las naciones de la OCDE), sino quitar sus poquísimas ventajas y sujetarlos como gremio a la sumisión corrupta del sindicato oficial.

Peña tuvo que cancelar a última hora un proyecto para gravar alimentos y medicinas con 16 por ciento. Habría sido suicida en las condiciones de tensión en las que estaba México imponer un gravamen tan impopular. Pronto se supo que las presiones de los grupos de interés iban mellando los filos progresistas de la reforma. Este fue el escenario en que se inició la resistencia contra la autorización para que las grandes y codiciosas corporaciones pudieran explotar el petróleo mexicano. Era la última y más grande privatización: se habían entregado ya los ferrocarriles, bancos, playas, minas y el gobierno se afrontaba para entregar el último recurso indispensable para ejercer la autonomía y la soberanía. Y esto cuando nuestro sistema institucional está hecho pedazos, como dijo el politólogo y político Manuel Camacho Solís. El parecido con los últimos años del porfiriato quizás provocó en algunos un escalofrío. Pero la gran mayoría, aunque estaba en contra de la reforma energética, parecía esperar pasivamente los acontecimientos. López Obrador, que había logrado un gran éxito cuando una concentración provocada por él en el centro de la capital echó para atrás el proyecto del IVA, se enfrentaría al más grande de todos los retos en su accidentada carrera política.

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