urante el tercer Encuentro Magisterial Nacional y Popular, que se realizó ayer en esta capital, los representantes de 28 secciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de un centenar de organizaciones sociales aprobaron la realización de diversas medidas para continuar la protesta, como el fortalecimiento del plantón del Monumento a la Revolución; la realización de una marcha a la Secretaría de Gobernación, con el fin de exigir la reinstalación de una mesa de diálogo que incluya las problemáticas de otros estados que se han incorporado con movilizaciones masivas a la demanda de derogación de la reforma educativa, como Veracruz, Puebla y Quintana Roo, y la convocatoria a un tercer paro cívico nacional para el miércoles 2 de octubre, que supone diversas marchas y protestas en la capital del país y en otras ciudades.
Las decisiones adoptadas son indicativas de una movilización magisterial que ha venido enriqueciéndose con el respaldo de organizaciones estudiantiles de diversas instituciones y de la sociedad en general. Contrario a lo que señalan distintas voces, en el sentido de que el conflicto magisterial terminó con el desalojo policiaco del plantón instalado en el Zócalo –en lo que constituyó más una muestra de debilidad institucional que de fuerza–, la presencia magisterial en la capital ha seguido consolidándose con el campamento establecido en el Monumento a la Revolución, y las movilizaciones de docentes persisten y se intensifican en todo el país. De hecho, como se señala en esta edición, el número de maestros oaxaqueños que acampan en la ciudad de México pasó de 6 mil 166 a 11 mil 746 en escasos dos días.
En forma paralela, el movimiento magisterial ha ampliado y diversificado sus demandas originales de revertir una reforma educativa que atenta contra las conquistas laborales de los profesores y profesoras y contra el carácter público de la educación, y ha incluido también en su agenda la oposición al aumento de la carga impositiva a las clases medias y los sectores productivos y a la entrega de la riqueza petrolera a manos privadas, principalmente extranjeras.
Esta diversificación de causas establece puntos de encuentro entre la protesta magisterial y otras movilizaciones sociales, como la convocada en defensa de la industria petrolera. Es cierto que resulta precipitado afirmar si esto derivará en el amalgamiento de un movimiento social más amplio de oposición a las reformas impulsadas desde el Pacto por México, pero es claro, por otra parte, que el gobierno federal tendrá que hacer mucho más que conseguir las mayorías legislativas formalmente necesarias para hacer avanzar su agenda de modificaciones legales.
Al evidenciar el carácter excluyente y socialmente injustificable del proceso de discusión en torno a la reforma educativa, el movimiento magisterial puso en perspectiva la crisis de representatividad del sistema político; exhibió la falta de sensibilidad del gobierno y de las instancias legislativas frente a la ciudadanía, y generó, con ello, un estado de ánimo propicio para la movilización social. Cabe esperar, ante la persistencia de inconformidades sociales múltiples y diversas, que el gobierno muestre la apertura y la voluntad política que no exhibió durante la discusión de la reforma educativa y que revierta la tendencia actual de las autoridades a gobernar y legislar de espaldas a la población.
