Delegados de los 29 ejidos de Durango, Sinaloa y Nayarit que integran el Movimiento por la Justicia Agraria, demandaron el pago justo de las tierras en las que se construye la carretera Mazatlán-Durango. Advirtieron que si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no les da respuesta positiva harán valer un amparo que ganaron y se deberán detener las obras.

En conferencia de prensa también alertaron sobre el probable colapso de dicha carretera que el gobierno federal planea inaugurar el próximo 17 de octubre, debido a la mala calidad de los trabajos puestos en evidencia con las recientes lluvias. Está mal hecha; las lluvias de agosto han puesto al descubierto la mala calidad en su construcción, comentó Ernesto Pérez Virgen, representante de los ejidos afectados.

Señaló que si no tiene respuesta antes del 30 de septiembre impedirán el acto de apertura. Filemón Valenzuela Alemán, de la comunidad Chavarría Nuevo, remarcó que harán valer el amparo 137/2013 favorable al ejido Pueblo Nuevo.

Rechazan proceso de expropiación

Pérez Virgen detalló que la petición a la SCT es que se nos pague la tierra en forma directa, sin proceso expropiatorio, pues la ley agraria actual permite el dominio pleno de la tierra para que los campesinos puedan entrar al mercado de venta de la misma.

Explicó que la carretera está construida en terrenos ejidales, tanto de Tepic-Mazatlán como de Durango-Mazatlán, 90 por ciento está en terrenos ejidales y comunales y el resto de pequeños propietarios. El gobierno debe pagar los derechos como lo marca la ley”.

Valenzuela Alemán recordó: Desde el inicio de la obra en el sexenio de Vicente Fox, se realizó la construcción ilegal; implica el despojo de nuestro patrimonio porque los dueños de la tierra somos los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, y no se nos ha pagado.

Dijo que según un análisis realizado por el Comité Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, existe ilegalidad de las construcciones amparadas en acuerdos de ocupación previa que carecen de la formalidad, así como la carencia de personalidad jurídica de quienes en su momento dijeron representar a la SCT.