Las multas aplicables por la muerte de un minero en los llamados pocitos son las mismas si hay uno o 14 fallecidos; la sanción impuesta es de alrededor de 323 mil pesos, menos de lo que se produce en una de estas excavaciones en un turno de trabajo en una semana de operación.

Además, las sanciones establecidas son insuficientes, pues las penas de prisión están limitadas exclusivamente a los encargados y supervisores, pero no a los empresarios, denunció la Familia Pasta de Conchos, que realizó ayer la misa mensual a las afueras del Grupo México, para recordar a sus familiares muertos en 2006 y demandar el rescate de sus cuerpos.

Esta organización indicó que en los alegatos de su demanda de justicia presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostuvo que los cambios que se introdujeron en la reforma laboral para sancionar las irregularidades en los pocitos (tiros verticales estrechos para la extracción de mineral) resultan absolutamente ineficaces, y aunque pretenden resolver el problema de estos centros de extracción, en realidad aseguran su continuidad y su permanencia.

Esto es porque sólo prohíbe los tiros que tienen hasta 100 metros de profundidad, sin ningún argumento técnico, de ahí que los cambios realizados en la reforma laboral no resuelven el problema de los pocitos, aseguró la Familia Pasta de Conchos.

Hizo ver que el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, entre otros asuntos, ha dado seguimiento durante tres años a las denuncias en torno al siniestro ocurrido en Pasta de Conchos en 2006, y a la situación de la minería de carbón en Coahuila. También ha analizado los instrumentos y las directrices adoptadas por el gobierno mexicano en torno a los sistemas de inspección del trabajo de extracción carbonífera en la región.

Indicó que en lo que va de 2013 han fallecido tres mineros en yacimientos de carbón, mientras que en 2012 murieron 30 y 33 en 2011. Por ello, la OIT, por conducto de sus expertos, volvió a instar al gobierno mexicano a ratificar el convenio 81 sobre la inspección del trabajo. Sin embargo, éste respondió que no tiene previsto ratificar el documento, como tampoco ha ratificado el 176, sobre seguridad y salud en las minas de carbón.

Para esta organización, además de establecer una verdadera reglamentación que castigue y persiga la actividad de los llamados poceros, se tendría que regular eficientemente la minería en el país, sancionar a las empresas que incurran en homicidios industriales. Además exigen hacerles justicia y que se les entreguen los cuerpos de sus mineros muertos.