Un juzgado federal estableció, por primera vez, que los hospitales privados pueden ser considerados como autoridades y, por tanto, pueden promoverse demandas de amparo para cuestionar si sus actos son legales o violan derechos humanos, incluso los previstos en tratados internacionales.

El juzgado segundo de distrito en materia administrativa dio entrada a una demanda de amparo tramitada por una paciente del Hospital Médica Sur a quien médicos de esa clínica se negaron a entregarle copia íntegra de su expediente médico.

Fuentes del Poder Judicial Federal indicaron que éste no es el único amparo de esa índole que se desahoga actualmente en juzgados y tribunales mexicanos, ya que desde abril pasado, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amparo, se ampliaron las posibilidades para que los quejosos recurran a esa vía legal, incluso cuando se trata de impugnar determinaciones de particulares.

Hoy día existen criterios emitidos por tribunales federales que han declarado inconstitucional la norma oficial mexicana que sólo contempla el acceso de los pacientes a un resumen de sus expedientes clínicos.

Un caso similar inició el pasado 2 de julio, cuando fue admitida a trámite otra demanda de una paciente que reclamó al Hospital Star Médica la no entrega de su expediente clínico.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal consultadas, hay en trámite unas 150 demandas de amparo en todo el país contra hospitales privados.

Dirá si sanatorios son responsables solidarios de médicos negligentes

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tiene pendiente una importante resolución en materia de derecho sanitario, ya que deberá decidir si los hospitales privados son responsables solidarios de médicos que incurran en negligencia derivada de sus funciones profesionales.

En tanto, en otro caso similar sobre ampliación de facultades de amparo, el primer tribunal colegiado en materia administrativa en Toluca, estado de México, ordenó a un juzgado admitir a trámite un amparo promovido contra la Universidad Anáhuac por un alumno al que se le advirtió que sería excluido de una maestría en derecho privado por supuesta falta de pago de colegiatura.

Los magistrados de ese tribunal determinaron que las universidades privadas pueden ser consideradas como autoridades, pues la nueva Ley de Amparo señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.