na cuestión central que nos plantea a todos el movimiento de los maestros en defensa de sus derechos y de la educación es la ruina en que sucesivos gobiernos han dejado caer al sistema educativo entero, pilar de la existencia de México como nación y de cualquier otra comunidad imaginable de seres humanos.

Bien describe esta situación el sociólogo Manuel Gil Antón, profesor de El Colegio de México, en una entrevista ampliamente difundida en las redes: [youtube.com/].

Allí nos recuerda que, en su reciente informe, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que 64 por ciento de las 109 mil escuelas públicas –dos de cada tres– tienen problemas de mobiliario y sanitario, es decir, deterioro o estado ruinoso de pupitres, bancas, pizarras, instalaciones sanitarias y otras. En esa degradación acumulada durante décadas están obligados a cumplir su tarea de enseñar los maestros de este país saqueado y empobrecido.

La primera e indispensable reforma educativa debería ser, entonces, poner en condiciones de funcionamiento aceptable todas las instalaciones escolares, desde los pupitres de los profesores, las bancas de los alumnos, los techos, pisos y paredes de las aulas hasta las bibliotecas, los patios de recreo y los servicios sanitarios de cada una de esas escuelas públicas. Es una simulación presentar como reforma cualquier plan de evaluación de los docentes sin antes evaluar y corregir las condiciones ruinosas en las cuales tienen que desempeñar sus tareas.

En la realidad lo que la actual propuesta de evaluación pretende no es mejorar las condiciones de la educación pública, indispensable tarea nacional que debería comenzar exactamente por el extremo opuesto: la Secretaría de Educación Pública y sus titulares, políticos que saben muchas cosas pero carecen de los conocimientos elementales del oficio de docente de escuela primaria. Esos conocimientos se adquieren en la escuela normal, donde estudiaron nuestros maestros, no en la burocracia estatal o partidaria.

En cambio, lo que la reforma se propone es, como bien dice el profesor Manuel Gil Antón, trasladar directamente al gobierno federal el control sobre los maestros y sus plazas, antes ejercido a través de la mediación del aparato charro del SNTE y de su dirigente Elba Esther Gordillo. Es un objetivo político y no educativo.

Esto explica la estructura, las prioridades y la prisa del proyecto, además del despliegue de violencia física y mediática desatada contra los maestros organizados.

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Ahora bien, el gobierno federal ha lanzado tres reformas entrelazadas: la reforma educativa, la reforma energética y la reforma fiscal. La soledad del Presidente durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre (según las cifras oficiales, 50 mil asistentes al Grito el día 15, con profusión de acarreados del estado de México, junto con 19 mil efectivos armados del día 16) es un buen indicio de dónde está buscando su apoyo este gobierno para las reformas estructurales que busca imponer sin contar con el consenso nacional indispensable para tal empeño.

Esa empresa supone traspasar el control del petróleo y de los recursos energéticos del país y entregar el usufructo de su renta petrolera y su renta minera a empresas extranjeras, provenientes en primerísimo lugar de la poderosa potencia militar vecina, Estados Unidos; completar la extranjerización del sistema bancario y financiero, ya escapado del control de la nación; aumentar y extender los enclaves de propiedades extranjeras en las costas de ambos océanos; flexibilizar o destruir las relaciones laborales contractuales aún subsistentes; y abolir o desvanecer derechos de los trabajadores duramente adquiridos. La reforma educativa es ahora punta de lanza en este empeño.

El conjunto de esta política, que sus apologistas denominan modernización, bien puede ser definido, en cambio, como satelización de México en relación con Estados Unidos, sus objetivos y sus designios militares, económicos y geopolíticos.

Esta satelización incluiría la subordinación en los hechos de las fuerzas armadas de la nación a esos designios y a sus estructuras militares, dentro de los cuales tanto México como Canadá y Centroamérica son considerados integrantes del escudo defensivo de Estados Unidos en caso de conflicto mayor, que como bien sabemos no está excluido en estos tiempos. Dentro de esos designios, la fuerza armada de México tendría asignado el papel secundario y local de una policía interna –una constabularia– para combatir al narco, perseguir delincuentes y reprimir el descontento social.

En la volátil situación internacional de estos tiempos se trata, hoy como siempre y más que nunca, de una cuestión mayor que planea sobre todas las otras.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acaba de cancelar su programada visita a Estados Unidos y su entrevista con el presidente Obama a raíz del descubierto y confesado espionaje electrónico de Estados Unidos sobre la correspondencia y las comunicaciones presidenciales y militares de Brasil. El presidente Enrique Peña Nieto, víctima de un espionaje similar y tal vez aún peor, se ha limitado a decir que espera información fidedigna y explicaciones. Y ya. Resulta imposible separar el proyecto de reforma energética del esfumado tono de esta respuesta.

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Hace 200 años, el 14 de septiembre de 1813, José María Morelos lanzó desde Chilpancingo el documento de libertad más avanzado de aquellos tiempos en toda América y aún más allá, los Sentimientos de la nación, que en la fecha de su bicentenario La Jornada reprodujo a plena página, casi como un llamado en estos días de incertidumbre y turbulencia.

Son sentimientos de libertad, independencia, justicia, equidad, igualdad y soberanía del pueblo mexicano sobre su territorio, sus bienes comunes y su destino. Volverlos a leer y a pensar es tarea grata, esencia añeja y reposada durante estos dos siglos de vida nacional. Los maestros mexicanos los conocen y los están defendiendo. No así quienes en estos días a esos maestros difaman y persiguen.