Guerrero le llueve no sobre mojado, sino sobre anegado. La tormenta tropical Manuel arrasó con más de 60 por ciento de los de por sí paupérrimos municipios del estado, y cuando menos se llevó 22 vidas, amén de viviendas, escuelas, mercados, carreteras y todo lo que encontró a su paso, especialmente por el puerto de Acapulco y en Chilpancingo.

Miles de damnificados esperan ayuda de los gobiernos local y federal, pero éstos han puesto especial atención al desalojo de los cerca de 40 mil turistas nacionales y extranjeros varados en Acapulco, comprometiéndose a proporcionarles aerotransporte militar y a pagar, si fuera necesario, parte de la estancia no presupuestada por los visitantes ahora atrapados por el rigor climático, lo cual han cumplido a cabalidad. Bien, pero a los guerrerenses depauperados ¿quién les echa un lazo?

Lo anterior, porque la Secretaría de Gobernación anuncia que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) liberó 283 millones de pesos para enfrentar la emergencia en Guerrero, monto que no alcanza siquiera para comenzar las tareas de desazolve, ya no se diga las de reconstrucción y auxilio a los damnificados. Si esa cantidad se prorratea entre los municipios afectados por Manuel, a cada uno de ellos le tocaría 5 millones 660 mil pesos, o lo que es lo mismo, ni para el arranque, especialmente si, como se reconoce oficialmente, sólo en Acapulco se reportan 6 mil damnificados, y contando, en los albergues que se han habilitado en el puerto.

El gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero (quien, junto con la clase política de la entidad, estaba muy contento celebrando con mariachi y buenas viandas el bicentenario del primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, pero Manuel tuvo la descortesía de apestarle el festejo) ha estimado en no menos de 5 mil millones de pesos el presupuesto necesario para comenzar con la reconstrucción de infraestructura en el estado y atender las urgencias de los damnificados. Hasta ahora, el Fonden sólo ha liberado menos de 5 por ciento del monto requerido.

Dicho fondo –de acuerdo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray– cuenta con 6 mil 800 millones de pesos, de los cuales (según petición de Aguirre Rivero) 5 mil millones deberán considerarse para la reconstrucción de los municipios guerrerenses, pero faltan por evaluar los daños en Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, amén de que ahora se dirige a Baja California Sur, y ello sin considerar los cuantiosos daños ocasionados por el huracán Ingrid en Veracruz y Tamaulipas. Así, una vez más, los recursos del Fonden resultan más que insuficientes para atender este tipo de emergencias.

Las imágenes transmitidas por la televisión son brutales, y la tormenta tropical Manuel no escogió mejor punto geográfico para mostrar su furia que un estado de la República pobre entre los pobres. Acapulco, conocido internacionalmente como uno de los grandes centros turísticos mexicanos, en realidad es un municipio en el que cerca de 80 por ciento de sus habitantes son pobres o vulnerables; 52 por ciento de los acapulqueños son pobres, más de 40 por ciento no tiene acceso a la alimentación y 62 por ciento no tiene acceso a la seguridad social, entre otros indicadores (2010) del Coneval. Una proporción similar se registra en Chilpancingo, la capital del estado.

El Acapulco dorado, lujoso y triunfador que se promueve y presume turísticamente no es más que una postal. Con el paso de Manuel (es necesario recordar que hay comunidades que no terminan de reponerse del huracán Paulina, que arrasó con el puerto en octubre de 1997; en aquellos ayeres Angel Aguirre Rivero era gobernador interino) los citados indicadores quedarán holgadamente superados y pasarán años para que los acapulqueños (y junto a ellos los habitantes de los demás municipios devastados) recuperen el nivel de vida que tenían antes de la reciente tormenta tropical, el cual, desde luego, tampoco era envidiable.

Y como siempre en medio del drama destaca la Autopista del Sol, inaugurada en 1993 y concesionada por el salinato a tres grupos empresariales (ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo y Tribasa, hoy Pinfra) que la trazaron mal y la construyeron peor, aunque, eso sí, terminaron siendo rescatados financieramente por el erario (factura que siguen pagando los mexicanos). Desde que se cortó el listón inaugural no ha habido un solo año (con tormenta o con día soleado) en el que no se registren daños, hundimientos, deslaves, reparaciones, nuevos trazos y peores reconstrucciones. Es el cuento de nunca acabar.

Es la carretera más onerosa de que se tenga memoria, y sigue la mata dando. Ahora con Manuel los destrozos en esta vía de comunicación son enormes, producto, sí, del tormentón, pero también de los truculentos negocios entre empresarios amigos del régimen y el gobierno, quienes no sólo inflan los presupuestos (recuérdese la Estela de Lu$), sino que realizan construcciones de mentiritas. Entonces, más que una limpia, lo que necesita la Autopista del Sol es una auditoría a fondo que saque a flote las corruptelas, los compadrazgos y los negocios sucios asociados a su concesión y construcción.

Entonces, bien por el pronto auxilio a los turistas varados en Acapulco pero, en primer lugar, la misma rapidez y efectividad debe otorgarse a los guerrerenses afectados por Manuel (y por Angel, Añorve, Zeferino, los Figueroa y demás integrantes de la clase política estatal). Recuperar la actividad turística, sí, pero la prioridad es rescatar a los damnificados.

Las rebanadas del pastel

Ya para cuestiones técnicas el gobierno federal indica que el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fondo para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, y sus respectivos fideicomisos. Ambos se financian por medio del presupuesto de egresos de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal una cantidad no menor al 0.4 por ciento del presupuesto federal anual sea destinada a ese par de instrumentos y al fondo agropecuario para los desastres naturales. En la práctica, el requisito mínimo de 0.4 por ciento se ha convertido en la asignación presupuestaria estándar. En caso de que esta asignación sea insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros programas y fondos, tales como los ingresos de excedentes de la venta del petróleo (el oro negro, otra vez, el que quieren modernizar).

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