El PRD en el Senado impulsa una iniciativa para expedir una nueva Ley Minera, con el fin de actualizar y armonizar la legislación vigente con diversos instrumentos internacionales y para que esta actividad quede subordinada al dominio de la nación y la rectoría económica de Estado.

Los enormes conflictos sociales que provocan actualmente a lo largo de toda la República, exigen suprimir el carácter de utilidad pública de la actividad minera, porque en la actualidad la única utilidad que tiene es privada, advirtió la senadora perredista Iris Vianey Mendoza.

Expuso que la laxa interpretación de la ley vigente por parte de funcionarios gubernamentales hace peligrosa y carente de control la emisión de concesiones mineras que literalmente sobrepasan la superficie nacional.

Respeto a derechos humanos

De ahí que, dijo, es necesaria una nueva legislación que dé preferencia al pleno respeto a las garantías fundamentales, a los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas y a la preservación de los recursos naturales.

Señaló que la actividad minera debe estar subordinada al dominio de la nación, a la rectoría económica del Estado, al logro de la equidad, a la distribución de la riqueza, al respeto de los pueblos y de las comunidades indígenas, a la conservación y mantenimiento del medio ambiente y a la garantía del acceso humano al agua.

Su propuesta establece la regulación diferenciada de concesiones de exploración, explotación y beneficio minero. Para las de exploración propone una duración de 4 años sin prórroga; para las de explotación y beneficio minero una duración equivalente a la manifestada por el solicitante en su proyecto de explotación, el cuál tendrá que ser aprobado por la población, y no será mayor a 20 años.

Podrán recibir una prórroga de otros 20 años sólo si consiguen una licencia social de las comunidades explicó Mendoza.

La iniciativa marca restricciones a la entrega de concesiones en áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras.

También propone ampliar las causales de nulidad de una concesión ya otorgada y las infracciones que pueden llevar a multas o a la cancelación de concesiones. Se anulan las cláusulas de confidencialidad que protegían la información que entregaban las empresas mineras al Estado y se generan informes adicionales para transparentar la actividad.

Entre algunos de los elementos que resaltan de esta iniciativa es el cobro de regalías para la minería, con base en el valor del volumen de la producción, con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Y elimina el secreto fiscal sobre la información de impuestos con que contribuyen las mineras al fisco.