Dentro de su controvertida reforma hacendaria, el presidente Enrique Peña Nieto incluyó medidas encaminadas a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellas los inconstitucionales contratos de utilidad compartida, asignaciones para que empresas privadas puedan llevar a cabo trabajos de exploración, además de regalías y dividendos con sociedades mercantiles y socios particulares de la paraestatal.

Las disposiciones del nuevo régimen fiscal de Pemex, incluidas en la reforma hacendaria que se discute en la Cámara de Diputados, dan por hecho los cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales propuestos en la reforma energética del Ejecutivo federal, advirtió la senadora del PRD, Dolores Padierna.

Hizo notar que de esa forma Peña Nieto se adelanta a su reforma energética, al pretender que en la hacendaria se avance ya con disposiciones encaminadas a que Pemex comparta la renta petrolera con trasnacionales.

Explicó que se dispone que la exploración y extracción de hidrocarburos se realizará mediante asignación otorgada a Pemex y sus organismos subsidiarios, a través de contratos de utilidad compartida. Incluiso, agregó, se posibilita que puedan crearse otros organismos subsidiarios, con el propósito de ser titulares de uno o varios contratos de utilidad compartida.

Con ese nuevo esquema se elimina la Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada a partir de la reforma energética de 2008, con el fin de llevar una adecuada política petrolera, y se propone contratar un comercializador del Estado para la recolección y venta de hidrocarburos.

Igualmente, agregó, pretenden desaparecer el fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de Pemex, también creado en 2008, al igual que el fideicomiso para administrar los recursos y reinvertirlos en forma eficiente, con miras a compensar la disminución de los ingresos propios de la paraestatal.

Se plantea desaparecer dicho fondo y sustituirlo por una Ley de Ingresos de Hidrocarburos, donde se crea un fideicomiso en total control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ese órgano recibirá los ingresos derivados del petróleo, también realizará pagos, determinará y entregará al Estado porcentajes de utilidad operativa.

Con ello se elimina toda autonomía presupuestaria y de gestión de Pemex.

El fideicomiso entregará a Pemex o sus organismos subsidiarios la contraprestación que les corresponda y que estará integrada por su porcentaje de utilidad operativa y los costos, gastos e inversiones.

Se detalla que en cada contrato, la Secretaría de Hacienda determinará el porcentaje de utilidad compartida para Pemex y para el Estado.

El nuevo esquema de contratos con la iniciativa privada prevé un régimen especial de deducciones en el impuesto sobre la renta (ISR). Están exentas al 100 por ciento de ese gravamen las inversiones para exploración, recuperación secundaria y mantenimiento, toda vez que tales trabajos los podrán realizar empresas nacionales y extranjeras.

Además, se da potestad a Pemex para realizar negociaciones oficiales que permitan acudir al mercado externo de dinero y de capitales, así como contratar financiamientos externos y obligaciones de deuda en moneda extranjera, pese a las experiencias negativas que ha tenido, como es el caso Repsol, concluyó.