San Miguel de Allende, Gto., 14 de septiembre.

El juzgado segundo de distrito ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspender provisionalmente el proceso de licitación de la autopista Silao-San Miguel de Allende derivado del juicio de amparo promovido por el pueblo ñañú por la afectación que la obra ocasionará a su patrimonio cultural tangible e intangible.

La suspensión fue otorgada ante los actos reclamados por 25 comunidades indígenas de este municipio, ya sea para que se suspenda o se cancele el concurso de la obra, informó el asesor jurídico de los afectados, Eduardo Iglesias Bálsamo.

Comentó que el titular del juzgado segundo de distrito, Roberto Suárez Muñoz, ordenó que no se ejecute el trazo ocho de la carretera de cuota, y esta medida surtirá efecto cuando se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva.

El 26 de julio, en representación de la nación ñañú, Magdaleno Ramírez tramitó el amparo 595/2013 contra la licitación de la autopista; el pasado 6 de septiembre el juez federal ordenó la suspensión del proceso y la medida fue notificada apenas este viernes.

Ellos (la SCT y el gobierno del estado) tenían previsto que a más tardar el 17 de septiembre anunciarían el ganador de la licitación, pero la medida suspende el proceso, señaló Iglesias Bálsamo.

Agregó que la nación otomí, activistas, historiadores, investigadores y arqueólogos esperan que la próxima semana el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenga listo el nuevo dictamen sobre las afectaciones que causará el trazo de la obra en zonas arqueológicas de la región.

Eduardo Iglesias sostuvo que el nuevo informe debe ser integral porque la obra dañará zonas arqueológicas, las tradiciones, costumbres y sitios sagrados de los ñañús; así como el paisaje natural, cascos de hacienda, la ruta de más de cien capillas de indios y dividirá el Santuario de Atotonilco y la villa de San Miguel de Allende, declarados por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Para ello, recordó, se integró una promoción para que el diagnóstico no sólo sea elaborado por el Consejo de Arqueología, sino que sea global donde participe la Coordinación Nacional de Antropología, la Coordinación de Monumentos Históricos y la de Patrimonio Mundial.