Londres, 14 de septiembre.

¿Terminarán los grandes banqueros en la cárcel alguna vez por su conducta? ¿O las mala decisiones empresariales no son realmente un delito? Cinco años después de la bancarrota de Lehman Brothers, declarada el 15 de septiembre de 2008, aún persiste el debate sobre cuánto deben costar las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos, y la posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.

Incluso, aunque las leyes han evolucionado en Reino Unido y el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria, una repetición de la crisis financiera y el colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.

El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mando de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.

Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias, consideró Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s, de Londres.

Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (...) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización, añadió.

Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.

En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o en la banca comercial ha sido condenado en relación con la crisis bancaria de 2008. En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia, hace cinco años, ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la de Lárus Welding, ex presidente de la entidad bancaria Glitnir, quien fue condenado a prisión.

En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. Toda la cúpula ejecutiva del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.

Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un costo de 66 mil millones de libras (78 mil 500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.

Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.

El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunas naciones, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.

El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, indicó en julio que adoptaría las recomendaciones hechas por un influyente grupo de parlamentarios respecto a que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de conducta imprudente en la gestión de un banco.

El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Deben tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado, añadió Mark Garnier, diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.

En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas por defraudar en banca minorista.

La tentativa de Reino Unido de crear una ley anti-imprudencias permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes podría ser difícil.