Rosario Cano tiene 25 años, estudió licenciatura en historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde diciembre del año pasado forma parte de la policía comunitaria de Huamuxtitlán, Guerrero. Ayer vino al Distrito Federal a denunciar el acoso y hostigamiento de que son víctimas los pueblos que decidieron organizarse para protegerse y de cómo el gobierno del estado pretende desconocer y terminar con los grupos de autodefensa.

Relató los acontecimientos de agosto, cuando alrededor de seis mil elementos del Ejército y la Marina realizaron un operativo en la Montaña para aprehender a 29 policías comunitarios y dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Casa de Justicia El Paraíso, en Ayutla de los Libres.

La tarde del 21 de ese mes fue detenida Nestora Salgado García, coordinadora regional de la policía comunitaria en Olinalá. En cuestión de horas, dijo Rosario, fue trasladada al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, acusada de secuestro agravado.

Señaló que el sistema de justicia no ha permitido que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan asuma su defensa, aunque ya se le dictó auto de formal prisión.

Las autoridades del centro de reclusión sólo le permiten recibir dos visitas al mes. Una hermana y su hija fueron a verla y por ellas se sabe que antes de llegar a prisión, Nestora fue maltratada, no se le permitió ir al baño y aunque no dijo mucho durante el encuentro con sus familiares, dicen que la activista tenía la voz quebrada. Además de Nestora, hay otras 12 personas privadas de su libertad.

En conferencia de prensa, Rosario Cano Ibarra dio cuenta de la militarización de las zonas donde opera la CRAC en la Montaña, Costa Chica y centro de Guerrero. Aseguró que con el argumento de poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, elementos del Ejército se han instalado en algunas comunidades, y en otras no lo hemos permitido.

Para la CRAC, ésta no es más que una estrategia para que los soldados conozcan los caminos y vías de acceso a las poblaciones, como parte de las acciones de las autoridades contra las autodefensas.

Rosario recalcó que estos grupos se sustentan en leyes y acuerdos internacionales, por lo que los dichos del gobierno federal de que no permitirá que se haga justicia por propia mano no puede aplicarse a ellos que, además, cuentan con respaldo de la población.

El Estado no ha sabido dar seguridad a los pueblos, por lo que la gente prefiere llamar a los agentes comunitarios cuando surgen problemas, como el robo de la bomba de agua en alguna escuela primaria y las agresiones sexuales contra niños, por ejemplo.

De manera paulatina, indicó, ha aumentado el número de comunidades que conforman sus propias policías. A la fecha, alrededor de mil 200 personas dan protección a unos 12 mil guerrerenses, porque el sistema funciona, afirmó. Además, dijo, si los grandes empresarios tienen seguridad privada, nosotros qué, ¿somos más pendejos?