La directora general de la asociación civil Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, Cecilia García, ofreció respaldo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en la campaña para promover la revisión de expedientes de indígenas en reclusión, a quienes se violan derechos elementales, como tener un traductor y acceso expedito a la justicia.

García recordó que en el país existen 8 mil presos indígenas (hombres y mujeres) en penales federales y del fuero común que carecen de un intérprete y un abogado para su defensa.

De acuerdo con García, las entidades con más reclusos indígenas son Chiapas, con mil 313, y Oaxaca, con mil 278, entre otras.

Aparte, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, se congratuló de que el gobierno de Oaxaca sea el primero que suscribe con el Inmujeres y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial estatales el acuerdo Por una vida libre de violencia de género, en el cual también participan representaciones de los partidos políticos.

Oaxaca se convierte en el primer estado que suscribe este acuerdo, en el contexto de la campaña impulsada por la Organización de Naciones Unidas denominada Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, situación que es particularmente grave en nuestro país y que exige acciones decididas de todas las instituciones públicas.

El titular de Conapred dijo que la acción impulsada por el gobierno de Gabino Cué es una medida especial en favor de los derechos de las mujeres y se debe convertir en un poderoso instrumento para combatir, desde las políticas específicas y articuladas de los poderes del Estado, las diversas formas de violencia de género.

En tanto, la directora general de Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural indicó que del total de presos indígenas en el país, 195 son mujeres dentro del fuero común, procesadas o sentenciadas, mientras 74 lo han sido en el fuero federal.