a iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo ha resultado sorpresiva. Se esperaba un planteo en línea con la ortodoxia neoliberal vigente, en el que el grueso del incremento en la recaudación se buscara a través de la modificación del régimen del IVA, con ligeros cambios al resto de los impuestos. Frente al creciente descontento social con otras reformas, como la educativa, convertida ya en ley, y la energética, que se empezará a discutir próximamente, los priístas parece que decidieron que su planteo hacendario fuera aceptable para la oposición de izquierdas.
La iniciativa presentada evita afectar un tema emblemático en la discusión fiscal: el establecimiento de tasas positivas de IVA a alimentos y medicinas, manteniéndoles una tasa cero. Incorpora al régimen del IVA rubros específicos de gasto como colegiaturas, refrescos y rentas, entre otros. Propone un aumento de 2 por ciento a la tasa máxima del ISR aplicable a los ingresos mayores a 500 mil pesos anuales, los que, según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2012, se ubican en el decil X, el de mayores ingresos en el país, cuyo ingreso promedio total anual es de 532 mil 12 pesos.
La propuesta establece un impuesto a las utilidades obtenidas por inversiones en Bolsa, indudablemente insuficiente, pero que se orienta en la dirección exigida desde hace tiempo. En relación con el régimen fiscal de Pemex propone un tratamiento similar al de empresas petroleras con las que puede compararse. Otra modificación que resulta interesante es la desaparición del IETU y del IDE, introducidos por los gobiernos panistas. Este contenido ha permitido que las corrientes liberales del perredismo festinen la iniciativa como un logro que justifica con creces su participación en el Pacto por México.
Pese a los rasgos positivos de la reforma, su examen no puede remitirse exclusivamente a su contenido fiscal específico. Debe incorporar valoraciones políticas que den cuenta de la manera en la que actúa el grupo en el poder. Desde su llegada, la iniciativa política para establecer un mecanismo de coordinación entre las tres fuerzas electorales con mayor respaldo ciudadano, el Pacto por México, planteó una modalidad novedosa para construir acuerdos estratégicos. Sus primeros resultados fueron la reforma a la ley de telecomunicaciones, la que fue acompañada con el encarcelamiento de la dirigente vitalicia del sindicato magisterial.
Vino luego la reforma educativa, en la que los priístas sumaron a su posición a las dos fracciones del panismo, así como a la derecha del perredismo. De manera menos estruendosa la reforma financiera, planteada en acuerdo con los grupos bancarios predominantes en el mercado mexicano, pese a que no pudo aprobarse con la premura que esperaba el oficialismo, finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados, e iniciará su proceso en el Senado.
La reforma de reformas, la energética, en la que se concentra el debate nacional propone un dilema preciso, que va más allá de sus contenidos: apoyo o rechazo a la privatización de la empresa pública más importante del país. El grupo en el poder tiene los votos necesarios en ambas cámaras para aprobar su iniciativa. La resistencia estará en las calles, no en el Parlamento. Agregar una propuesta fiscal regresiva, como la que se esperaba, hubiera ampliado la oposición, abriendo una veta política que generara unidad en las izquierdas y reforzara al movimiento de resistencia magisterial.
Por eso los priístas optaron por una reforma fiscal alejada de la ortodoxia neoliberal, que busca fortalecer a los grupos conservadores del PRD en la disputa por la conducción política de la resistencia civil. Para Peña Nieto y su grupo esta propuesta fiscal es el costo que pretenden pagar por aprobar la reforma energética. De eso se trata y no hay que confundirse: la propuesta neoliberal de reforma energética debe rechazarse en las cámaras, para lo que habrá que resistir en las calles, independientemente de las consideraciones que puedan hacerse sobre la propuesta fiscal.
