los empresarios –según dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)– les conviene que la clase media no sea afectada por los impuestos proyectados en la iniciativa de Peña Nieto en materia fiscal. La clase media, dijo el dirigente empresarial, es nuestro motor y hay que protegerla y potenciarla
( La Jornada, 10/09/13).
Otro empresario, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que es también parte del CCE, señaló que “la clase media en México constituye el segmento de la población más numeroso al estar integrado por ‘70 millones de personas’.” (Ídem).
Quiero suponer que los del CCE se refieren a México, pero la realidad es ligeramente distinta a la que pintan. El motor de sus empresas está compuesto, en primer lugar, por sus trabajadores, a los que, por cierto, no les aumentan los salarios por encima de la inflación. A estos, en principio, no los protegen, sino que tienden a generalizar sus contratos eventuales para desmontar la acumulación de años de servicio y evitar el pago de jubilaciones. En segundo lugar estaría la clase media, porque ésta es la que más consume en el país y, aunque sea a crédito, compra sus productos y otros que esos mismos empresarios importan para el mercado interno.
Sin embargo, algo no cuadra en sus cuentas. La población económicamente activa (PEA), según datos del Inegi, está compuesta por poco más de 52 millones de personas. De éstos, tienen ocupación 49.5 millones. El grueso de esta PEA ocupada trabaja en los sectores secundario y terciario, especialmente en este último. La población no económicamente activa (PNEA) suma poco más de 35 millones, de los cuales el Inegi considera no disponibles a 29.3 millones. La PNEA es la población que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades. Representa 40 por ciento del total de la población de 14 años y más, que suma 88 millones de personas.
Por otro lado está la población en el sector informal de la economía. La tasa de informalidad laboral la ha calculado el Inegi en 60 por ciento de la población ocupada, en tanto que la tasa de ocupación en el sector informal ha sido calculada en 29.5 por ciento.
El CCE debería ser un poco más autocrítico. Esta organización, que integra a siete asociados (Concamin, Concanaco, Coparmex, AMIS, CMHN, CNA y ABM) y cinco invitados permanentes (Canaco, Canacintra, AMIB, COMCE y ANTAD), es decir a casi todos los empresarios y banqueros del país, no ha sido capaz de darle empleo a millones de personas que viven de milagro y mal. Y tanto sus dueños como sus altos ejecutivos pagan igual porcentaje de ISR que un trabajador perteneciente a esa clase media que, dicen, debe ser protegida y potenciada. En otras palabras, esos dueños, directores y gerentes pagan la misma tasa fiscal que los trabajadores amenazados, según ellos, por la reforma fiscal que quiere subirles dos puntos porcentuales a los impuestos de quienes ganen más de 500 mil pesos anuales (41 mil 666 pesos mensuales). Lo que debería proponer Peña es que si un trabajador de 500 mil pesos anuales pagaría 32 por ciento en impuestos, uno de 500 millones pague 64 por ciento, y así sucesivamente hasta llegar a los que ganan miles de de millones, que los hay, según cita Carlos Fernández Vega en su columna del martes en este diario. ¿No tanto porque entonces se van a otro país? Bueno, que paguen nada más 64 por ciento todos los que ganan de 36 millones al año para arriba.
La clase media de la que hablan los empresarios no está integrada por 70 millones de personas. Alrededor de 85 por ciento de la población en edad de trabajar, según las estimaciones de Carlos Fernández Vega, tiene un ingreso menor a 40 mil pesos mensuales (inferior a 500 mil al año) por lo que esos trabajadores (remunerados o por su cuenta) no recibirán un aumento en sus impuestos sobre la renta (ISR), ni serán castigados para que dejen de ser el motor de los empresarios (como dicen).
Mejor sería que los impuestos a las personas físicas y morales fueran realmente progresivos, que de verdad paguen más quienes ganan más. Y que, con ese dinero, el gobierno pueda subvencionar la canasta básica, la salud, la educación, el transporte y la vivienda de millones de mexicanos que no los tienen de manera suficiente ni mucho menos pueden consumir todo aquello que para los empresarios sería el motor de sus ganancias.
Con las ganancias exorbitantes de los empresarios y los sueldos desproporcionados que perciben los funcionarios públicos federales, los diputados y senadores, los consejeros del IFE y los jueces de los más altos tribunales del país, y con los costos de la corrupción (que también debe contabilizarse), no hay dinero que alcance para mejorar las condiciones de vida de esos millones de mexicanos que son el motor de la economía y de las ganancias empresariales.
La de Peña Nieto no es una iniciativa que merezca aplausos, pero tampoco quejas de los empresarios. Más se podría hacer, pero este gobierno y los legisladores no lo harán, ni tienen voluntad de hacerlo. Y, además, quieren dejar a los perros sin croquetas.
