yer, un día después de la promulgación de las tres leyes secundarias en materia educativa aprobadas la semana pasada por el Congreso de la Unión –incluida la impugnada Ley del Servicio Profesional Docente, que modifica de golpe el estatuto laboral de los trabajadores de la educación–, miles de profesores disidentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron diversos bloqueos en el centro de esta capital y en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, y protagonizaron enfrentamientos con elementos de la policía local. El escenario de descontento y crispación social que esas leyes han generado en las calles del país es indicativo de una institucionalidad rebasada e incapaz de resolver conflictos sociales y que, por el contrario,se ha convertido en generadora de ellos.
En el caso concreto de la llamada reforma educativa, dicha disfuncionalidad ha sido agravada por la obstinación del gobierno federal y sus aliados partidistas en presentar ese conjunto de modificaciones legales como algo distinto de lo que realmente es: una modificación arbitraria y unilateral del régimen laboral de los trabajadores de la educación, que no contribuirá ni poco ni mucho a mejorar el nivel educativo del país –en la medida en que no ataca las causas socioeconómicas y políticas que originan esos rezagos– y que fue impuesta sin tomar en cuenta el punto de vista de los principales afectados. Para colmo, a dicha cerrazón gubernamental se ha sumado una campaña de desinformación y linchamiento mediático contra los docentes inconformes.
Con tales precedentes cabe preguntarse si los operadores y promotores de la reforma educativa esperaban que ésta pudiera prosperar sin el surgimiento de escenarios de conflictividad social –lo cual exhibiría un desconocimiento monumental de la realidad nacional–, o bien si el actual era un escenario previsto e incluso deseable para tales actores.
Por lo demás, en la circunstancia nacional presente, el conflicto magisterial constituye un factor particularmente explosivo, en la medida en que representa un punto de cruce de numerosos factores de descontento que han venido sumándose en las recientes tres décadas: la precariedad laboral, impuesta a la mayoría de los trabajadores del sector formal e informal; el abandono presupuestal de la educación pública y la entrega de su control a cúpulas gremiales mafiosas; el estrangulamiento crónico de los pocos factores de movilidad social en los entornos rurales, como es el caso de las normales; el déficit de democracia sindical que prevalece en el magisterio y, en general, la crisis de representatividad que aqueja a un poder público empeñado en profundizar, sin contar con el consenso de la población, un modelo de nación insostenible y sumamente costoso en términos sociales.
En tales circunstancias cabe desear que las autoridades federales pongan todo el empeño en despejar el problema por medio de la negociación política y que tengan claros los riesgos de ceder a tentaciones autoritarias y represivas que, lejos de terminar con el problema, lo agravarían y podrían derivar en escenarios indeseables desde cualquier punto de vista; por ejemplo, llevar al límite la paciencia de los sectores de la población que han llevado la peor parte de los impactos de la política económica impuesta en el país hace décadas, o bien, producir una herida social semejante a la que provocó la cruenta liquidación del movimiento estudiantil de 1968, herida que a más de cuatro décadas sigue sin cerrarse.
