El consejo rector del Pacto por México retomó la discusión sobre la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones al recibir una propuesta de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, integrada por 300 organizaciones sociales y 500 personajes del ámbito intelectual y académico.

El documento plantea democratizar el sistema de medios de comunicación, generar condiciones para acabar con los monopolios, fomentar competencia en el sector y hacer efectivos el derecho a la información, la libertad de expresión y el acceso a las tecnologías y la pluralidad.

En la reunión del consejo estuvieron los presidentes priísta, César Camacho; panista, Gustavo Madero, y perredista, Jesús Zambrano, así como el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. En esta ocasión no acudió el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Las organizaciones sociales quedaron representadas por un grupo de especialistas en materia de telecomunicaciones, encabezados por Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

Camacho Quiroz, presidente en turno del consejo rector del Pacto por México, resaltó que como ha ocurrido con otras iniciativas, del mecanismo de concertación política saldrán los prolegómenos de la ley secundaria en telecomunicaciones, pues la última palabra al respecto, la tienen diputados y senadores.

Frente a quienes auguran la próxima muerte del pacto, Gustavo Madero ratificó que persiste la voluntad de construir acuerdos y llegar hasta la leyes reglamentarias, es decir, no quedarse en expresiones genéricas.

Jesús Zambrano calificó el planteamiento de las organizaciones sociales de insumo fundamental, el cual se trabajará junto com lo que el gobierno se comprometió a presentar y lo que se ha avanzado en el mecanismo de concertación política. Queremos que vaya una iniciativa lo más consensuada posible, expresó.

Calleja presentó la propuesta de las organizaciones sociales, la cual plantea transparencia en el otorgamiento de las concesiones de uso comercial, público y social, con un régimen simplificado para las comunidades indígenas. Demanda condiciones de financiamiento para el desarrollo de los medios públicos y sociales y límites a la concentración.