La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo presentado por la legisladora panista Gabriela Salido Magos, por medio del cual se exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a realizar una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con la finalidad de garantizar que los certificados otorgados con base en la norma 26 cumplan con lo estipulado en ese ordenamiento.

La diputada planteó al pleno el punto de acuerdo luego de que versiones periodísticas revelaron que la Seduvi recaba información sobre 31 predios ubicados en la colonia San José Insurgentes por aparentes irregularidades en la aplicación de la norma 26, así como otros 31 casos en la delegación Benito Juárez.

“El titular de Asuntos Jurídicos de la Seduvi, José Guadalupe Medina, explicó que esos 31 nuevos casos ubicados en la delegación Benito Juárez se suman a los dos juicios de lesividad que están radicados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como a los nueve en proceso de investigación.

Asimismo, los juicios de lesividad involucran a los inmuebles ubicados en Coatzintla 9, colonia San Jerónimo Aculco, y Presa 176, colonia San Jerónimo Lídice, ambos en la delegación Magdalena Contreras, señaló la legisladora.

Recordó que otros inmuebles bajo proceso por violar la norma 26 se ubican en Rada 44 y Marisma 54, colonia Ampliación Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón; en Palomas 92, colonia Reforma Social, en la Miguel Hidalgo, y en Fray Angélico 58, colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez.

Salido Magos dijo que los objetivos de la norma 26 eran incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular, frenar la expansión urbana; evitar la pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; preservar el patrimonio natural e histórico; garantizar el rescate y mejoramiento del patrimonio cultural urbano y otorgar vivienda a los que menos tienen.

Sin embargo, el pasado 19 de agosto el Gobierno del Distrito Federal suspendió temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que impliquen la aplicación de la norma 26.