El juez 23 de delitos no graves, Fausto Agustín Favela Ayala, determinó suspender la audiencia para la toma de declaración a los siete jóvenes detenidos por los disturbios del 1° de septiembre, por considerar que no había garantías de seguridad debido a la irrupción de un grupo de activistas en los juzgados, localizados en la calle Sullivan 132.

La protesta se originó al conocer que el impartidor de justicia incrementó de 23 mil a 126 mil pesos las fianzas a Gustavo Ruiz Lizárraga y Juan Daniel Velázquez, quienes ayer rindieron su declaración preparatoria.

A decir de los familiares, dichos montos fueron excesivos y se inconformaron por la referida cantidad, pues, comentaron, además se les pedía que el pago fuera en efectivo, lo cual es una violación a las leyes.

Los delitos que imputaron a los dos jóvenes son ultrajes a la autoridad, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares.

Al conocer que el juez determinó elevar la multa, el grupo de activistas decidió cerrar el paso de vehículos sobre avenida Sullivan; sin embargo, conforme pasó el tiempo, las protestas crecieron, y bloquearon los accesos al edificio.

Al fijar la segunda fianza a Juan Daniel Velázquez, la cual también se elevó a 126 mil pesos, los jóvenes, que por varias horas se mantuvieron en las calles para protestar por las detenciones arbitrarias, ingresaron al inmueble; argumentaron que se trataba de una audiencia pública, por lo que exigían estar presentes.

Familiares de Gustavo Ruiz Lizárraga señalaron que fue detenido al realizar su trabajo, pues documentaba con su cámara fotográfica la aprehensión de jóvenes en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Metro, cuando también se lo llevaron.

Abel Ruiz manifestó que su primo es fotógrafo y colabora en varios medios de comunicación desde hace varios años.

Mientras, la madre de Gonzalo Amozurrutia aseguró que su hijo regresaba luego de participar en la marcha de la CNTE cuando fue aprehendido. Se trata de un joven estudiante de la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que defiende sus ideas, y yo lo respeto, dijo.

Los abogados que llevan la defensa de los jóvenes detenidos son de Artículo 19 y de la Liga 1° de Diciembre. Andrés Aullet, uno de ellos, señaló que a partir de este jueves se tiene previsto reanudar la audiencia y como en los primero casos, solicitarán la ampliación del término constitucional.

Por otra parte, ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que el órgano investiga si algunas de las detenciones que realizó la policía capitalina el pasado primero de septiembre se realizaron de manera arbitraria, particularmente de las personas capturadas en la estación San Antonio Abad del Metro.