En la propuesta conjunta para impulsar la creación del instituto nacional de elecciones (INE), que sustituya al actual Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) estiman darle la atribución exclusiva de organizar las elecciones estatales y federales. Para ese propósito se plantea la integración de 32 consejos estatales, que serían los responsables directos en cada entidad.

De acuerdo con la propuesta que negocian en el Pacto por México, el PAN y el PRD ponen particular énfasis en la realización de modificaciones constitucionales, con las cuales el nuevo organismo sería el responsable único de la fiscalización de los recursos de los partidos para financiamiento ordinario y campañas políticas.

En ese renglón impulsan regulaciones homogéneas similares a las que rigen actualmente a escala federal, respecto de la fórmula del financiamiento –asociada al padrón de ciudadanos en cada entidad–, y fijar topes de campaña en función de los fondos otorgados. Cuando se renueven todos los poderes locales, el financiamiento de campaña equivaldrá a 50 por ciento de las prerrogativas ordinarias, y cuando sólo sean congresos y municipios, 40 por ciento.

Asimismo, se aplicarían acciones para controlar uno de los temas más polémicos en la pasada contienda: la fiscalización y el impacto del rebase de topes. La violación a los límites de gastos de campaña, establecido por la legislación electoral, así como el financiamiento ilegal, el desvío de los recursos públicos con fines electorales y la compra de cobertura informativa serán sancionados con la cancelación de la candidatura o, en su caso, con la nulidad de la elección de que se trate, o bien la pérdida del cargo para dar lugar a comicios extraordinarios, en los que no podrá volver a participar la persona sancionada como candidato ni el partido que, en su caso, lo postuló.

De acuerdo con ese planteamiento, los topes de gastos de campaña en ningún caso podrán exceder el monto máximo que reciba algunos de los partidos políticos nacionales o estatales, ya sea en elecciones federales, estatales o municipales. Queda prohibida la entrega de utilitarios de promoción electoral, como materiales plásticos, despensas y de construcción, a excepción de los que estipula la ley.

Coincidentes en su momento en denunciar lo que consideraron el rebase de topes de gastos de la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos, en su propuesta ambos partidos enfatizan sustancialmente el control de las erogaciones de campaña y las prerrogativas partidistas.

Por ello, para control del gasto excesivo se recomienda que en ningún caso los recursos privados destinados a las actividades tendientes a la obtención del voto excedan 10 por ciento de los fondos públicos destinados a ese fin de conformidad con la ley.

En esa lógica, se prevé el fortalecimiento de la fiscalización de las campañas locales, ahora responsabilidad de los institutos estatales, sin facultades en cuanto el allanamiento del secreto bancario, salvo que soliciten al IFE realizarlo (aunque prácticamente no se utiliza). Para tal efecto se obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a otorgar información sobre el manejo de los recursos públicos.

En las modificaciones a la Constitución y a la legislación electoral cambian las responsabilidades del IFE, de organizar las elecciones de Ejecutivo y Legislativo federales, para adjudicarle la facultad para los comicios de los tres órdenes de gobierno.

No sólo eso. En las facultades que se otorgarían al IFE, tendría a su cargo no sólo la organización de comicios, sino también las actividades relativas a la participación ciudadana, capacitación y educación cívica, geografía electoral, derechos, prerrogativas y obligaciones político-electorales de agrupaciones, partidos y candidatos independientes.