os casos de intolerancia religiosa en Chiapas alcanzan números parecidos a los de hace dos o tres décadas. Esta es la herencia del sabinato, el sexenio de Juan Sabines Guerrero, quien dejó crecer la confrontación por motivos religiosos en distintas comunidades de la extensa geografía chiapaneca.

Para efectos prácticos, el gobierno de Manuel Velasco Coello tomó la decisión de trabajar en los casos de intolerancia religiosa en Chiapas hace poco más de un mes, con el nombramiento como subsecretario de Asuntos Religiosos de alguien que tiene experiencia federal y estatal en la temática. Antes de esto continuaba la inercia del sabinato, periodo en el que tuvo a su cargo la subsecretaría de Asuntos Religiosos Enrique Ramírez Coronado. Según él, durante el sexenio de Sabines disminuyeron drásticamente los conflictos por motivaciones religiosas. Dichos conflictos, en su óptica, eran causados por cuestiones agrarias o políticas ( La Jornada, 13/XII/2012). Esa fue la línea seguida: aceptar la conflictividad, pero quitarle su dimensión religiosa hasta el punto de desaparecer este elemento de los casos de hostigamiento y persecución contra disidentes religiosos.

El resultado de la política anterior es la existencia de abultados expedientes que dan cuenta de casi 50 casos de intolerancia religiosa, la mayoría concentrados en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Ocosingo, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Chilón, Tila, Chenalhó, entre otros.

No tenemos suficiente espacio para siquiera mencionar, así fuese someramente, cada uno de los casos. Nos referimos nada más a dos. En Buenavista Bahuitz, municipio de Las Margaritas, a partir de 2009 arreciaron las presiones contra los evangélicos por su negativa a cooperar para fiestas ligadas al santoral católico romano. Las multas que se les impusieron, el mayor acoso del que fueron víctimas en junio del 2011 y la renuencia de las autoridades gubernamentales de Chiapas a ejercer medidas contra los agresores, llevó a las 12 familias protestantes a refugiarse el 23 de julio de 2012 en una iglesia evangélica en Comitán. Ahí permanecen desde entonces.

En Pusilá, comunidad localizada en el municipio de Altamirano, tras verse obligados a firmar convenios lesivos a sus derechos humanos, 27 familias conformadas por creyentes evangélicos fueron expulsadas del poblado el 14 de mayo del 2011. Tras refugiarse temporalmente en el ejido Nueva Galilea y, más tarde en el ejido Carmen Rusia, los indígenas protestantes, informa la Coordinación de Organizaciones Cristianas, se encuentran en unas galeras comunes y usan una cocina general, el lugar fue acondicionado por sus pastores y el apoyo de la comunidad de Carmen Rusia, quienes hasta la fecha han estado proveyendo (los) alimentos necesarios. No tienen educación, servicio médico, y los apoyos gubernamentales fueron quitados completamente.

Por si no fuera suficiente la ominosa herencia del sexenio anterior, el actual gobierno chiapaneco tiene que resolver un caso en el cual los perseguidos no son los que tradicionalmente lo han sido en la extensa cadena de hostigamientos y expulsiones por intolerancia religiosa. Desde la década de los sesentas del siglo XX hasta el pasado reciente, la gran mayoría de los perseguidos ha estado en el bando protestante. Aunque es necesario recordar que también el sistema caciquil de Chamula persiguió y expulsó a católicos identificados con la pastoral del obispo Samuel Ruiz García.

Hoy tenemos que un sector de los evangélicos ha desatado acciones perjudiciales contra católicos. En la colonia Puebla, municipio de Chenalhó, la mayoría de la población no se identifica confesionalmente con el catolicismo romano. El 90 por ciento de habitantes que no son católicos está conformado por presbiterianos, adventistas del Séptimo Día, bautistas y distintos grupos pentecostales. De acuerdo con el censo de 2010, en Chenalhó los católicos representan 33.6 por ciento, y los evangélicos/protestantes 37.4. Un 23 por ciento se declaró ese año sin religión, muy probablemente sería mejor agruparlos en el rubro religión tradicionalista, que no existe en el censo.

La asamblea comunitaria de Puebla, dominada por los presbiterianos, impuso sanciones a los católicos por, según los primeros, no haber solicitado permiso a las autoridades del ejido para remodelar su ermita. Les destruyeron lo construido y expropiaron una parte del terreno en el que está localizado el templo. El caso llegó a un punto muy álgido el 21 de agosto, cuando un grupo de jóvenes de familias evangélicas agredió física y verbalmente al párroco de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, y acompañantes, entre ellos Javier García Mendoza, operador político de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Chiapas.

El 26 de agosto, ante el temor de que las agresiones crecieran en su contra, 13 familias católicas y dos familias bautistas salieron de Puebla para refugiarse en Acteal. El hecho de que entre los desplazados haya evangélicos señala hacia que entre éstos existe un grupo que no aprueba las acciones emprendidas por el sector presbiteriano más agresivo. El asunto tiene muchas aristas, y sobre el mismo he escrito un trabajo más amplio (disponible en: protestante digital).

La resolución de los casos depende de la línea que decida seguir el gobierno de Chiapas. ¿Por dónde dirigirá sus esfuerzos, solamente a administrar los conflictos pero sin dar soluciones a los afectados, o va a decidir aplicar las leyes a los agresores, sean de la confesión religiosa que sean?