l escribir este artículo ignoro cuál haya sido el mensaje que el presidente envió a la República desde Los Pinos. Ayer lunes, principalmente los actores que ocupan la escena pública en este momento habrán emitido sus propios mensajes y, puede afirmarse, contrarios al mensaje de Enrique Peña Nieto, y con ánimos de continuar escalando el conflicto político.

La vida cotidiana depende de las decisiones y comportamientos de la sociedad política y de la sociedad civil, comprendiendo en este concepto no a la entera sociedad, sino a la sociedad organizada, como la entendía Antonio Gramsci. Escribió Carlos Pereyra: “Entre esos organismos [los que conforman la sociedad civil], los más importantes son los partidos políticos y los sindicatos, pero también forman parte de la sociedad civil los medios de comunicación, congregaciones religiosas, agrupaciones empresariales, centros educativos, colegios profesionales y agrupaciones de variada índole, componentes del tejido social. Más que un inventario, cuya formulación está sujeta a peculiaridades históricas y nacionales de cada país, es pertinente avanzar hacia una definición teórica en la dirección apuntada por Gramsci: ‘se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la «sociedad civil», formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados «privados», y el de la «sociedad política o Estado»’” (C. Pereyra: Estado y sociedad civil, en Cuadernos Políticos número 54/55, Ediciones Era, mayo-diciembre de 1988. La cita que Pereyra hace de Gramsci proviene de su ensayo Los intelectuales y la organización de la cultura).

EI rechazo al intervencionismo estatal y la pretensión de que el Estado limite su función a la de simple guardián de las reglas del juego capitalista son posiciones basadas sobre un error teórico cuyo origen práctico no es difícil de identificar, pues reside en la distinción entre sociedad política y sociedad civil, que de distinción metódica es transformada en distinción orgánica y presentada como tal. Se afirma así que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no debe intervenir en su reglamentación (A. Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, política y el Estado moderno, tomado de C. Pereyra, op. cit.).

De otra parte, el par Estado-sociedad civil no puede concebirse como entidades separadas, con funcionamiento exterior de una respecto de la otra. Y en este sentido, a veces Gramsci escribe: sociedad civil + sociedad política = Estado. Pero de esta teorización general de la conformación de la sociedad capitalista no se sigue que la sociedad civil se diluya en el Estado. El examen del comportamiento de las fuerzas sociales organizadas es altamente diferenciado y con frecuencia contradictorio. Medios de comunicación, centros educativos, sindicatos y organismos eclesiales no son aparatos ideológicos de Estado, como quería Althusser, sino instituciones ideológicas y políticas de la sociedad civil, cuyo funcionamiento se deslinda de los dictados gubernamentales en la medida en que son espacios de la lucha de grupos y clases sociales.

Ésta, me parece, es una indicación teórica eficaz para aproximarse a la configuración de las sociedades reales.

Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución política, que es el fundamento del orden jurídico que rige a las autoridades y funcionarios, los que han de se someterse a las normas de ese orden. Su acepción fuerte incluye que cualquier poder sea limitado por la ley, [la] que condiciona no sólo sus formas, sino también sus contenidos. Esta segunda condición, según qué contenidos sean señalados como deseables, excluye a los estados totalitarios (L. Ferrajoli, Derecho y razón, Roma-Bari, 1989).

En muchos lugares del mundo como Estados Unidos y México, existe (aunque distinta) una muy inconveniente mezcla de diversas instituciones de la sociedad civil y de la sociedad política.

El Estado de derecho languidece a la vista de todos. Este es un gobierno de negociación, no de represión, dijo el doctor en derecho Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien en su contundente definición política olvidó del todo las leyes, el orden jurídico. Este posicionamiento es una definición perfecta del estado de cosas: la languidez del Estado de derecho. Es violado sistemáticamente por autoridades y funcionarios, congresistas y miembros del Poder Judicial, a lo largo y ancho de la República, y violado impunemente también, según los problemas, por las más diversas organizaciones de la sociedad civil, como lo hace ahora, masivamente, la CNTE.

Hay un orden que rige (obedézcase, pero no se cumpla), al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y otro, del todo distinto, que rige las relaciones de la organización civil con el Estado. Pero en México no hay orden que valga, hacemos de todo un batidillo y a eso llamamos política.

No es extraño, así, que la agenda del gobierno se vea vapuleada por quienes descreen en lo absoluto de las leyes, probablemente mezclados por quienes tienen, legítima pero desde luego ilegalmente, una posición antisistémica.

Del no a la evaluación han pasado a la derogación y abrogación ( sic) de las reformas constitucionales en materia educativa, escalando el conflicto, buscando a ojos vistas ser reprimidos, buscando una colisión para continuar escalando el conflicto aún más y convertirlo de una diferencia de política educativa en choque político global. Metidos en esta política, la agenda gubernamental palidece con los días. Y si el Legislativo aprueba a toda prisa las leyes secundarias, revolviéndose con reforma energética, y aún con la fiscal, podemos configurar un subversivo pandemónium.