Cuernavaca, Mor., 1º de septiembre.

Alrededor de mil personas vestidas de blanco marcharon en silencio por esta ciudad para exigir a los tres niveles de gobierno paz, seguridad y justicia. Durante la llamada Segunda marcha por la paz, los inconformes sostuvieron que el gobernador perredista Graco Ramírez no ha dado resultados durante 11 meses en el cargo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 10 meses de la administración de Ramírez se han perpetrado en la entidad 579 homicidios dolosos.

En cuanto al secuestro, delito en el cual Morelos ocupa primer lugar nacional, se cometieron 118 en 10 meses del gobierno del perredista, mientras el año anterior sumaron 92.

Los manifestantes exigieron al Congreso local que, ante la falta de capacidad de Ramírez, aprueben de inmediato leyes reglamentarias que hagan posible la revocación de mandato, de modo que si el gobernador no frena los robos, secuestros, asesinatos y extorsiones, se le destituya.

Los inconformes asimismo exigieron la inmediata remoción de la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, y la del procurador Rodrigo Dorantes Salgado, por su notoria ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones públicas, importantes posiciones que se deberán cubrir de preferencia con morelenses de altísimo perfil académico, con probada experiencia en el ramo y honestidad comprobada.

La marcha salió de la iglesia El Calvario rumbo al centro de la ciudad, con una pancarta que rezaba: Morelos seguro (porque) seguro te secuestran, te matan, te roban, te extorsionan. Este es el Morelos seguro del gobernador Graco.

El contingente partió alrededor de las 10:30 horas; a las 11 llegó al Congreso estatal y a las 11:30 al zócalo de la ciudad, donde celebró un mitin ante el palacio de gobierno, frente a la ofrenda floral en memoria de las víctimas de la violencia.

Ahí, el empresario Alberto Mujica leyó el pronunciamiento de la marcha. Señaló que 62 días después de la primera movilización, los ciudadanos han recibido indiferencia del gobierno federal, desprecio y descalificación del estatal, e indolencia y engaño del municipal.

Indicó que los delitos contra los morelenses y el cierre de empresas van en aumento; por ello exigió al gobierno federal que envíe uniformados, preferentemente militares, a pacificar Morelos, y a la Legislatura local se le pidió aprobar a la brevedad posible leyes reglamentarias que hagan posible el procedimiento de revocación de mandato. Advirtieron que si no hay respuesta a sus exigencias recurrirán a la resistencia civil.