Miles de maestros en las calles, una economía estancada, marcada inseguridad pública, un franco disenso ante el proyecto energético oficial, insuficiencia de fuentes de empleo y escasa concreción de las “promesas de cam-paña’’, constituyen el marco del México sobre el cual el presidente Enrique Peña Nieto rendirá cuentas hoy por escrito ante el Congreso y mañana en un mensaje a la nación.

Con nueve meses en el cargo, el mandatario deberá dar cara ante una realidad nacional compleja y donde las raquíticas expectativas de crecimiento, de apenas poco más de uno por ciento del PIB para este año, presentan un panorama negro para millones de mexicanos.

A continuación, el repaso de algunos de los hechos más relevantes del periodo.

El 2 de diciembre se firmó el Pacto por México. El titular del Ejecutivo, con el PRI, PAN y PRD, lo presentaron como un instrumento para lograr concretar compromisos recogidos en 95 puntos. Sin embargo, hoy muchos consideran que ha llegado el fin de su vida útil y el debate está en cuándo darle la extremaunción oficialmente.

Derivado de este acuerdo, el 10 de diciembre el mandatario presentó la iniciativa de cambios constitucionales al sistema de enseñanza. En un hecho inusitado para un proyecto de tal magnitud, el 21 de ese mes concluyó en el Congreso -de donde pasaría a las legislaturas locales- el proceso de aprobación del nuevo ordenamiento.

Un par de meses después, el 26 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendió a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, imputándole cargos de fraude fiscal y delincuencia organizada. Con amplia aceptación social por la medida, el gobierno federal consideró allanado el camino para lograr la aprobación de la legislación secundaria en materia educativa. Estos días se demostró de palmo a palmo, lo equivocado de tal cálculo.

También como parte de sus promesas de campaña, en enero, Peña presentó en Las Margaritas, Chiapas, la Cruzada Nacional contra el Hambre, con la finalidad de combatir el estado de marginación y pobreza alimentaria de 7 millones de mexicanos en 400 municipios. La metodología para seleccionar a la población objetivo y la temprana evidencia de su uso con fines electorales tocaron, al parecer de manera irreversible, la credibilidad y eficiencia del proyecto.

Con la impronta del ambiente de acuerdos en el Pacto, el 11 de marzo el mandatario firmó en el Museo Tecnológico de la CFE la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, vital para el país, consideró entonces.

El activismo reformista del naciente gobierno tuvo un siguiente capítulo el 8 de mayo con la presentación de la Reforma Financiera, con el fin de crear los instrumentos necesarios para un mayor ejercicio del crédito, tanto de la banca de desarrollo como la comercial, de acuerdo con el enunciado oficial.

Más tarde, como era previsible, las visiones de las diversas fuerzas políticas sobre el manejo de los hidrocarburos nacionales llevaron a prescindir del Pacto para la presentación de una iniciativa unánime como en los casos anteriores. Apenas el pasado 12 de agosto, el jefe del Ejecutivo presentó la de su administración. Más allá de sus compañeros de partido y aliados políticos, su proyecto ha concitado muchas adhesiones. Hoy se encuentra en el proceso legislativo.

Desde las primeras semanas de su administración, el mandatario ha desplegado una intensa actividad internacional. Además de haber recibido en el primer semestre del año a los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de China, Xi Jinping, entre otros, ha estado en 13 países.

La tragedia humana se presentó temprano en esta administración. En la torre B-2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrió una explosión el 31 de enero con un saldo de 37 muertos y decenas de heridos. Y aunque meses después se atribuyó a la acumulación de gas metano como la causa principal del accidente, aún persisten dudas.

Otro momento de relieve mediático e indudable costo político para la naciente administración fue la irrupción de la popularizada en redes sociales como Lady Profeco, hija del entonces titular de la institución, Humberto Benítez Treviño, quien ordenó, el 26 de abril, la clausura de un restaurante en la colonia Condesa. La indignación ante tal alarde de influyentismo llevó al presidente Peña Nieto a pedir la dimisión de su ex maestro, mentor y paisano.

En el plano de la justicia y al lado de las sonadas capturas de los líderes de los violentos cárteles de los Zetas, Miguel Angel Treviño Z-40, a fines de julio, y de Mario Armando Ramírez Treviño X-20, el dirigente máximo del cártel del Golfo, la PGR enmendó el proceso judicial y dejó sin cargos a un grupo de militares de algo rango encarcelados en el sexenio pasado, y quedaron en libertad los generales Tomás Angeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, en abril el primero, y en julio los restantes.

Durante estos meses, Peña Nieto también publicó ordenamientos como la Ley General de Víctimas, el 9 de enero, y la Ley de Amparo, 1º de abril, entre los más relevantes.

Sin embargo, aunque se trató de decisiones del Poder Judicial, la liberación, en enero, de la ciudadana francesa Florence Cassez y luego, al iniciar agosto, del narcotraficante Rafael Caro Quintero, inevitablemente impactaron en la naciente administración federal.

No menos lo fue, y como parte del clima de violencia incesante en esa entidad, el asesinato en Michoacán del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.