La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclina por restringir la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando sean contrarios a la Constitución.

Al continuar ayer la discusión sobre los alcances que deben tener en el derecho nacional los tratados suscritos por México, la mayoría de los ministros (seis de 11) se pronunció en el sentido de que la Constitución es jerárquicamente superior a los tratados internacionales –aún y cuando éstos hayan sido suscritos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado– y que la Carta Magna establece excepciones, restricciones y límites a dichos derechos.

Es responsabilidad del Estado, señaló Fernando Franco, defender este tipo de excepciones frente a las instancias internacionales, sean administrativas o jurisdiccionales en materia de derechos humanos.

Margarita Luna Ramos advirtió que de proceder la propuesta del proyecto –elaborado por Arturo Zaldívar– de armonizar los tratados internacionales con la Carta Magna para ampliar la protección de los derechos humanos– tendríamos que pensar y alertar sobre muchísimas situaciones que en un momento dado pondrían al constituyente en una situación de derogación de la norma constitucional, nada mas les pongo como tela de duda el arraigo, dijo.

A la postura mayoritaria se sumaron Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Luis María Aguilar.

En apoyo del proyecto, José Ramón Cossío explicó que los derechos contenidos en tratados ratificados por el Senado adquieren igual posición jerárquica.

Lo que significa que hay un mandato expreso para llevar a cabo una interpretación más favorable a la persona, basada en principios como la universalidad, no regresividad, por ejemplo.