El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, insistió en que la reforma energética es inaplazable y aunque pueda haber muchas protestas, el gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir adelante con su propuesta de modificar la Constitución para lograr la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado.

Entrevistado luego del informe de labores de la mesa directiva del Senado, que presidió el panista Ernesto Cordero, el funcionario restó importancia al llamado que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas formuló a los universitarios para que se sumen a las movilizaciones contra la privatización de Pemex.

En una democracia todas las voces tienen derecho a opinar sobre temas tan cruciales para la vida del país, como es la energía, dijo Joaquín Coldwell. Agregó que se requieren cambios de fondo y México no puede ser condenado al arcaísmo energético.

El secretario de Energía expuso que no teme que las protestas que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma educativa se extiendan también a la energética.

El progreso de México es inaplazable, no se puede detener, el Ejecutivo ha presentado ya su iniciativa, lo han hecho también Acción Nacional y el PRD. Entonces ahora el Congreso, dentro de la normalidad democrática, debe hacer su trabajo.

¿No dejan los maestros caliente el clima para la reforma energética?, se le insistió, y comentó sonriente: Siento que el clima está fresco.

Dijo también que aunque despierta muchas controversias, es inaplazable la discusión de esa reforma.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta David Penchyna, dio a conocer un documento en que analiza las tres iniciativas energéticas y advierte que luego de la reforma constitucional se requerirá modificar 18 leyes secundarias, entre ellas la reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y la Ley de Pemex, además de crear otra ley reglamentaria en materia de gas natural no asociado al petróleo.

Igualmente, tendrán que modificarse la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.