El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, aseguró que el pronunciamiento que emitió el martes pasado sobre el conflicto magisterial no es un llamado al uso de la fuerza pública ni una carta abierta a la represión.

Aclaró que la CDHDF no tiene por qué avalar los actos de autoridad; eso es una decisión sólo del gobierno. El comunicado era más bien un llamado a quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse, así como a las autoridades, para que se mantuvieran en el ámbito de la legalidad. Justamente para que no dieran pretexto a la violencia, aclaró.

En entrevista, el ombudsman capitalino reconoció que en el referido pronunciamiento hay un párrafo que dice que la CDHDF no se opone al uso legítimo de la fuerza pública, pero eso hay que interpretarlo de manera adecuada, porque no es una carta abierta a la represión ni al uso de la violencia física, sino más bien, en caso de que el gobierno, local o federal, decida usar la fuerza pública, una decisión que les compete a ellos.

Indicó que si se toma la decisión de usar la fuerza pública, el gobierno, cualquiera que sea, tendrá que hacerse responsable y asumir que fue necesaria, que no hubo otra posibilidad de evitarlo y tendrá que explicar que ese uso fue subsidiario, que se recurrió primero a comandos verbales y mecanismos de concertación antes de utilizar cualquier tipo de armamento, incluidos escudos y toletes.

Comentó que el pronunciamiento se mal entendió cuando se lee que estamos diciendo adelante, usen la fuerza pública, y eso no nos corresponde; al contrario, previendo que cuando esto ocurra, le estamos diciendo a la autoridad, si la usas te tienes hacer responsable de lo que pase con ese uso.

El presidente del organismo afirmó que el motivo del pronunciamiento fue para cumplir con la obligación de la CDHDF de prevenir actos de violencia, como ha hecho en otras ocasiones; la decisión se da primero en el sentido de reforzar las medidas precautorias y como respuesta a varias solicitudes de intervenciones ciudadanas, que no hemos convertido en queja porque tenemos la esperanza de que estos problemas se resuelvan. Hay una preocupación fuerte por el conflicto y por conocer la postura de la comisión en estos casos.

Rechazó que el pronunciamiento haya sido una decisión concertada con la autoridad, porque lo que hicimos fue convertir las medidas precautorias en un comunicado público, que enviamos al gobierno, como siempre hacemos en todos los casos donde puede haber un contacto entre la policía y los ciudadanos.