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Desea que la ley acote facultades a la consejería jurídica

Preferible, que fueran inatacables las resoluciones del Ifai: María Marván
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de agosto de 2013, p. 10

La ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) y consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) María Marván consideró que en las reformas constitucionales en materia de transparencia habría sido preferible que todas las resoluciones del organismo no fueran atacables.

Advirtió acerca de la importancia que tendrán las reformas secundarias para acotar los alcances de la facultad que tendrá la consejería jurídica para apelar de las resoluciones del Ifai.

Creo que tendrá la grandísima responsabilidad de escoger muy bien sus batallas y sólo cuando exista un verdadero caso de seguridad nacional se atreverá a presentarlo, y ya no sucederá como ahora, que se niega el acceso a facturas de comida apelando a la seguridad nacional.

Reconoció la importancia de que haya una definición precisa de seguridad nacional en materia de transparencia, pero no sólo su definición en la ley, sino también la prueba del daño, para que la consejería jurídica tenga los elementos claros para determinar qué es lo que se acepta y lo que no.

Marván consideró que los términos en que el Senado aprobó la reforma eran mejores para la transparencia, porque no incorporaba apelación alguna, y si bien se le añadió la referencia a la consejería jurídica, me tranquiliza que sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aseguró que hubo avances sustanciales, como la determinación de que los partidos políticos sean sujetos obligados directos, así como organizaciones o sindicatos que reciban recursos públicos.

Marván destacó que a partir de que se recorra todo el camino jurídico hasta llegar a las leyes secundarias, organizaciones como los sindicatos magisterial o petrolero estarán obligados a transparentar los recursos públicos que reciban directamente, no así lo relacionado con las cuotas, que tiene otra vertiente.

Sostuvo la importancia de que las leyes secundarias incluyan capítulos específicos para las instancias obligadas a rendir cuentas, particularmente en casos como el IFE o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.