Yabteclum, Chis., 25 de agosto.

Decenas de organizaciones civiles del país se pronunciaron hoy ante las agresiones y desplazamientos que sufren decenas de familias tzotziles, en su mayoría católicas, del ejido Puebla, en Chenalhó. Más de 70 grupos de la red Todos los Derechos para Todos, así como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundec) y otros centros de derechos humanos del centro y norte de la República, hicieron eco a una acción urgente emitida el sábado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En tanto, en Yabteclum, los desplazados que llegaron aquí anoche anunciaron que este lunes se trasladarán al campamento de la comunidad de Acteal. Queremos aclarar que aunque estamos aquí cobijados, nuestro corazón y mente están en nuestro pueblo que tuvimos que abandonar, porque las amenazas y agresiones iban ya contra la propia vida. Se espera que los acompañen indígenas de Los Altos y una caravana solidaria de la sociedad civil.

Fundec y las organizaciones del norte y centro manifestaron: No es la primera vez que estas familias viven la tragedia del desplazamiento forzado, y desgraciadamente ahora nosotros estamos también viviendo algo parecido a lo que ustedes viven desde hace años, que si bien es por diferentes causas, es igual de grave la afectación.

Exigieron que el gobierno garantice la integridad de las familias desplazadas y de quienes se encuentran amenazados dentro del ejido: bautistas, pentecostales y católicos.

Finalmente, invitaron a la comunidad nacional e internacional a atender la acción urgente del Frayba, debido a la gran ayuda que representa para que el Estado atienda su mandato constitucional de garantizar los derechos a quien se encuentre en territorio mexicano.

La Red contra la Represión y por la Solidaridad, formada por organismos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se pronunció contra el clima de inseguridad e impunidad que impera en Puebla, y que se ha recrudecido de manera alarmante desde que el 22 de julio la junta de buen gobierno de Oventik denunció la violencia de algunos priístas y perredistas contra bases de apoyo zapatista.

La red citó los desplazamientos y agresiones de la semana que concluye: Se ha pretendido presentar el conflicto como religioso; sin embargo, sabemos que es de carácter político, y es parte de las tantas formas de contrainsurgencia contra el proyecto zapatista y hacia las comunidades y pueblos que han decidido organizarse por la defensa de su territorio y construir su camino más allá del trato con el poder .

Afirmó que el nivel de violencia en el ejido aumentó después de la excarcelación de paramilitares sentenciados por su participación en la masacre de Acteal. Y responsabilizó de estos actos de violencia, y de cualquier otro que pudiera suceder, al presidente municipal José Arias Vázquez, al gobernador Manuel Velasco Coello y a las instancias federales encabezadas por Enrique Peña Nieto.