San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de agosto.

Ante el riesgo inminente en que se encontraban las familias católicas del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, la madrugada del viernes salieron desplazadas 14 familias) de los cuales la mayor parte son mujeres y menores notificó anoche el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) tras el arribo de los indígenas a sus oficinas en el barrio de Mexicanos.

Sin embargo, la tarde de hoy los desplazados (que ya suman más de 80), después de pasar la noche en la escuela de Nueva Primavera, y ante la inoperancia de la mediación gubernamental, decidieron salir rumbo a Yabteclum, más cerca de su comunidad, aunque no hay certeza de su retorno seguro. Algunos están enfermos, así que la emergencia también es médica.

El desplazamiento forzoso de estos tzotziles de diversas organizaciones, que tienen en común profesar la religión católica y no pertenecer a los partidos políticos oficiales, es atribuido por el Frayba al clima de violencia en que se encuentra la zona y por las agresiones, amenazas y hostigamientos ocurridos allí en días y semanas recientes.

Predio en disputa

Actualmente, refiere el organismo que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en el ejido Puebla se encuentran en riesgo las familias católicas (23 personas) de Manuel Cruz, Gustavo Santiz y Francisco López, así como familias bautistas y pentecostales, quienes se quedaron en el ejido y están siendo amenazadas.

El centro de derechos humanos exige que se garantice el derecho a la integridad personal y se brinde toda la atención a las personas desplazadas, y se garantice la integridad y seguridad personal de las familias que permanecen en la atribulada comunidad. También que se aplique la normativa internacional, específicamente los principios rectores de los desplazamientos internos, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Estos indígenas se suman a las cinco familias del mismo poblado que, expulsadas en julio, intentaron retornar esta semana y un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, les impidió agresivamente aproximarse siquiera al ejido Puebla. La problemática deriva de un conflicto, aparentemente religioso, creado por las autoridades ejidales, todos miembros de iglesias evangélicas y presbiterianas.

Bajo la apariencia de disputar el predio donde hace cuatro décadas se asienta la ermita católica, los oficialistas han desatado una virulenta operación de limpieza religiosa, más bien política, vinculada al retorno de los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal, fueron sentenciados y han sido polémicamente liberados en los años y meses recientes por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Puebla se agrede por igual a bases de apoyo zapatistas, Abejas, Pueblo Creyente, e incluso a seguidores de otras iglesias cristianas.