En el magisterio disidente no somos bandidos. La política de oídos sordos del gobierno federal es la que nos obliga a protestar, afirmaron dirigentes de la sección sindical 22 de Oaxaca, quienes señalaron que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sólo ha pedido el diálogo y la oportunidad de que se nos escuche y se consideren nuestras propuestas.

Ante miles de maestros de esa entidad que mantenían bloqueados por casi 11 horas los dos sentidos del bulevar Aeropuerto, en las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza, Rubén Núñez Ginés indicó que las movilizaciones se dan ante la cerrazón de los senadores y el gobierno federal al seguir aprobando leyes que son una aberración, un error. Los maestros sabemos lo que exigimos y queremos ser escuchados, que se nos trate como lo que somos, profesionales de la educación.

Tras rechazar que el bloqueo en el Circuito Interior sea una toma de la terminal aérea, aseguró que el magisterio oaxaqueño realizó sólo una “marcha de pies cansados –a paso lento–, con lo que se busca abrir un diálogo para analizar y consensuar una verdadera reforma educativa que considere las propuestas de quienes estamos en las aulas”.

Por la mañana, en entrevista por separado, Francisco Bravo, dirigente del magisterio disidente del Distrito Federal, recordó que desde mayo pasado entregaron el documento Hacia la educacion que necesitamos los mexicanos, donde se plantea un modelo alternativo de educación con una visión integral y humanista, donde se enseña no para los valores del mercado, sino para la búsqueda de la solidaridad y el bien común.

Lo que propone el gobierno federal con su reforma educativa, sostuvo, es una “profunda modificación de nuestras condiciones laborales. El tema pedagógico simplemente no se toca.

Se busca mayor control del magisterio, a quien se le niega la condición mínima de bilateralidad en las relaciones laborales, pues si no aprueban un examen estandarizado en tres ocasiones, nuestro patrón, que es la Secretaría de Eduación Pública, nos puede despedir sin ninguna responsabilidad para el Estado y sin el derecho de apelar ante un tribunal laboral.

Afirmó que con la aprobación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y de la reforma a la Ley General de Educación, nacen dos normas ilegítimas ante el verticalismo y la antidemocracia del Congreso.

Hemos dicho, insistió, no a la reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto, pero presentamos está posición con una contrapropuesta que se construyó no sólo mediante los 12 foros y encuentros regionales y nacionales, realizados de mayo a julio pasado, hubo aportaciones de padres de familia y docentes, quienes piden que el Estado no abandone su responsabilidad con la educación pública y destine recursos suficientes para infraestructura, equipamiento y capacitación de docentes con al menos 12 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, apuntó, fue un proceso totalmente ignorado por los funcionarios federales, quienes no asistieron, pese a que el acuerdo fue ir de manera conjunta.

Entrevisado en la sede de la sección 9, Juan José Ortega Madrigal, enfatizó que no obstante a la ausencia de los representantes del gobierno peñista fueron miles quienes aportaron sus propuestas, porque hemos dicho e insistiremos que también deseamos una educación de calidad, pero con pertinencia, con significado para el alumnos, la comunidad escolar y los pueblos.

Por ello, dijo, exigimos que no se soslaye la riqueza cultural y la diversidad social que enfrentamos. No es lo mismo impartir educación entre niños con enormes carencias materiales, que aquellos que en las grandes ciudades al menos tienen garantizado el sustento diario”.

Cabe destacar que en el proyecto alternativo presentado ante la Secretaría de Gobernación el pasado 2 de mayo, el cual debería ser entregado a las instancias legales correspondientes antes del pasado 15 de mayo para ser analizadas y discutidas, se propone una evaluación integral en la que participen docentes, directivos, alumnos y padres de familia.

Nunca, aseguró Ortega Madrigal, nos hemos opuesto a ser evaluados, pero hemos insistido en que no aceptaremos que se convierta en un mecanismo punitivo, como se pretende en la ley del INEE, que con las nuevas competencias se convertirá en un organo persecutorio de los docentes, pues aunque se hagan exámenes por cada estado, seguirán aplicando evaluaciones estandarizadas con las que se pretende definir quién es o no un buen docente.