El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha recibido queja administrativa alguna contra los magistrados del tribunal colegiado que liberaron a Rafael Caro Quintero, señalaron fuentes judiciales, las cuales rechazaron la versión de que la Procuraduría General de la República (PGR) haya sido sorprendida con la puesta en libertad del acusado.

Explicaron que el día que se dictó dicha sentencia, el Ministerio Público Federal adscrito a dicho tribunal colegiado tuvo acceso a la lista pública que daba cuenta de los asuntos que se verían en la sesión, además de que, por los antecedentes del amparo solicitado por Caro Quintero, había la posibilidad real de que la resolución fuera absolutoria, como ocurrió.

Los informantes agregaron que cuando un reo es liberado, el director de la prisión tiene la obligación de notificar a la autoridad correspondiente sobre la decisión, con el fin de verificar si el beneficiado no tiene delitos o procesos penales pendientes que impidan dejarlo libre.

En el caso de Caro Quintero, confirmaron los informantes, los magistrados notificaron su fallo al director del penal de Puente Grande, donde el narcotraficante purgaba una sentencia de 40 años, y éste necesariamente tuvo que comunicarlo a la PGR, por tratarse de un reo federal.

Los tribunales tienen la obligación de informar en primera instancia al beneficiario del amparo y en segunda al director del reclusorio, para que éste lo deje en libertad, explicaron los funcionarios.

Pero además, insistieron, en todos los tribunales del país hay un agente del Ministerio Público que está al tanto, o al menos se supone que debe hacerlo, de todos los asuntos que se resuelven.

El caso fue enlistado en los estrados públicos el día que fue resuelto, y una vez emitida la sentencia e iniciado el papeleo administrativo para que se cumpliera la resolución y el acusado quedara libre, pasaron muchas horas para que el Ministerio Público Federal notificara a la PGR sobre la situación, indicaron.