Organizaciones civiles de México y Centroamérica solicitaron a las autoridades nacionales establecer mecanismos para que los restos de migrantes y otras personas sin identificar no sean incinerados y, de ser posible, se los entregue a sus familiares con base en exámenes genéticos.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que en esta administración se firmó un protocolo para que los cuerpos no sean incinerados hasta ser plenamente identificados; "hoy son normas, antes no lo eran", señaló.

Lo anterior ocurrió en la ceremonia de la firma del convenio para crear una comisión forense que identificará los restos de más de 300 personas que fueron asesinadas e inhumadas en fosas clandestinas entre agosto de 2010 y mayo de 2012 en los municipios de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León. En estas acciones participará el equipo de antropólogos forenses de Argentina.

Según datos de las organizaciones firmantes –entre ellas el Comité de Migrantes de El Progreso, Honduras; el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Salvador; Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos, de Coahuila, México, y la Mesa Nacional para las Migraciones, de Guatemala– durante el sexenio de Felipe Calderón fueron hallados más de 156 entierros clandestinos, y habría más de 25 mil restos sin identificar y 26 mil desaparecidos. Asimismo, aseguran, en un año se reportaron 20 mil migrantes secuestrados por grupos criminales.

Murillo Karam aseguró que es obligación del Estado mexicano atender el problema y meterse de lleno en el reconocimiento de los cuerpos. Indicó que la dependencia que encabeza hará todo lo posible y no alimentará falsas expectativas si no es posible identificar todos los restos de San Fernando y Cadereyta.

Puntualizó que está de acuerdo en realizar todo el esfuerzo posible para resolver los casos, sin importar con quién se tenga que colaborar o pueda aportar ayuda.

El convenio firmado considera nuevos peritajes géneticos a los cadáveres que no han sido entregados o enviados a fosas comunes.

En el municipio de San Fernando fueron hallados 72 cadáveres en agosto de 2010, y en abril de 2011, un testigo pudo informar a la autoridad sobre la matanza en ese mismo lugar de 193 personas, entre ellas migrantes de Centro y Sudamérica que pretendían llegar a Estados Unidos. En mayo de 2012 fueron encontrados 49 cuerpos en Cadereyta.

Estos casos constituirán el primer intento de las autoridades federales y organizaciones civiles para establecer mecanismos de cooperación a fin de identificar los restos sepultados en fosas clandestinas.

La Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes documentó la desaparición de 350 migrantes centroamericanos y mexicanos, y acotó que mediante el mecanismo de acceso a la información pública se conoció que de los migrantes hallados en San Fernando y Cadereyta, quedan 197 por identificar.