Con la aprobación del paquete de leyes secundarias del artículo tercero constitucional, México avanza en la ‘‘ruta correcta’’ para alcanzar la calidad educativa, aseguró el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre. ‘‘Este es el primer paso de muchos otros que deben darse’’, señaló.

Además, dijo que a las leyes General de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aprobadas la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados, fueron incorporadas las propuestas del sindicato, principalmente en torno al respeto de los derechos laborales y a una evaluación que sirva para la capacitación y no para el castigo a los maestros.

‘‘No seremos obstáculo’’

En entrevista con La Jornada, luego de fijar la postura del SNTE en torno a las dos leyes citadas, Díaz de la Torre aseguró que ni el sindicato ni los maestros ‘‘que sí están comprometidos con la educación’’ serán un obstáculo para avanzar en la calidad educativa; por el contrario, el magisterio y su organización gremial trabajan y están empeñados en contribuir a la transformación del sistema educativo nacional, precisó.

Señaló que la Ley General del Servicio Profesional Docente –la tercera que forma parte del paquete de leyes secundarias del artículo tercero, y que finalmente fue pospuesta por el Legislativo para el periodo ordinario de sesiones, en septiembre próximo– ‘‘tiene la misma importancia’’ que las dos iniciativas aprobadas.

Sugirió que los legisladores no deben esperar mucho tiempo para que dicha iniciativa sea discutida y aprobada, pues el proceso de transformación del sistema educativo requiere esa integralidad fijada en paquete normativo. ‘‘La aprobación de la ley que hoy quedó pendiente servirá también para despejar cualquier duda e incertidumbre que tengan los maestros sobre la preservación de sus derechos laborales’’, aseguró el líder.

La trascendencia de la iniciativa pendiente, sostuvo, radica en que ésta será la que determine los procesos de ingreso, ascenso, estímulo y permanencia de los maestros, entre otras cosas. ‘‘Por eso el mensaje que enviamos a los legisladores es que apelamos a que sigan siendo sensibles y escuchen la voz de los maestros que sí queremos transformar a México’’, dijo.

Díaz de la Torre se mostró satisfecho con la aprobación de las dos iniciativas, pues también fueron ratificados los principios filosóficos del artículo tercero constitucional: laicidad, obligatoriedad y gratuidad, asuntos sustantivos desde los cuales debe afirmarse la escuela pública, incorporándose ahora el principio de la calidad educativa.

Denunció que aunque no están en la calle ni en las movilizaciones públicas, hay actores políticos y grupos de presión que pretenden minar estos principios que sostienen a la escuela pública, privilegiando la instrucción privada.

En la lectura del documento que fijó la postura del SNTE –donde no hubo sesión de preguntas–, el dirigente llamó a la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a que se conduzca dentro de la legalidad, tal como hacen cientos de miles de maestros en todo el país, sin afectar el derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes.

Ya en la entrevista, Díaz de la Torre sostuvo que estos cambios son el ‘‘primer paso para cambiarle el rostro a la educación en el país’’, pero debe ir acompañado de otros más, siempre bajo la premisa incuestionable de que el financiamiento a la educación debe entenderse como una inversión y no como un gasto.

Desde su visión, estos recursos económicos deben destinarse a un mayor equipamiento de las escuelas; a mejorar la infraestructura básica de ‘‘decenas de miles’’ de planteles que carecen de las mínimas condiciones de operación; a la capacitación permanente de los docentes, y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

El dirigente del mayor sindicato de América Latina, con más de 1.2 millones de agremiados, enumeró una serie de ‘‘bondades y aciertos’’ recogidos en las leyes secundarias, entre las que destacó precisamente la evaluación con instrumentos y determinaciones diseñadas desde la academia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y no desde el gobierno.

–¿Se han fijado plazos para empezar a ver los beneficios de esta reforma constitucional y legal? –se le preguntó.

–Los gobiernos de los estados deberán hacer primero sus propias adecuaciones y todo lo relacionado al padrón de maestros y planteles, en un plazo no mayor a dos años. Pero la sociedad debe empezar a ver resultados cuando menos desde el siguiente ciclo escolar, sobre todo en el aprovechamiento educativo de los alumnos. El desafío es elevar los indicadores de la calidad. Es un proceso largo, pero este es el primer paso.

Para eso, añadió Díaz de la Torre, todos los sectores, gobierno, magisterio y sociedad, deben trabajar para enraizar la cultura de la evaluación y se transforme el sistema educativo nacional, así como aumentar el financiamiento de la educación.

Por otra parte, Díaz de la Torre señaló que la relación con el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, ‘‘es buena, institucional y personalmente’’.

De su antecesora, la maestra Elba Esther Gordillo, dijo que como sindicato se pide un proceso apegado a derecho y justo, y se reservó cualquier consideración personal sobre el caso.