la hora de cerrar esta columna (19 horas), con los diputados federales rumbo al Senado para tratar de instalar allí un periodo extraordinario de sesiones y con los profesores no oficialistas en vigorosa resistencia, lo único claro era el abismo creciente entre el formalismo institucional y las protestas populares.

A lo largo del día, el único sindicalismo magisterial combativo –el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene replegado, con sus líderes bajo amenaza de cárcel al estilo Gordillo ante cualquier suspiro ínfimamente rebelde, esperanzados esos oficialistas en lo que hagan los profesores independientes– mantuvo cercadas las instalaciones de la Cámara de Diputados para impedir que avanzara el proceso de aprobación de la ley relacionada con el servicio docente, con sus aristas específicas respecto a evaluaciones, que fue incluida en maniobra tramposa y sorpresiva en el paquete de iniciativas asignadas al periodo extraordinario.

A sabiendas de que no habría retorno posible si permitían el curso normal del proceso legislativo que habría de dar visto bueno a las leyes secundarias que dan forma a la reforma laboral educativa, impulsada por Peña Nieto y negociada en el Pacto por México, los profesores en lucha impidieron que se realizara la reunión de cámaras que con carácter plenario daría inicio al periodo extraordinario. La dura oposición de los maestros a la aprobación por consigna de esas leyes provocó indignación extrema en algunos comentaristas y conductores de programas de radio y televisión (más de uno parecía a punto del infarto, dando voces de extrema molestia, llamando a las autoridades a hacer algo y no permitir tales agravios criminales contra la democracia, el estado de derecho y otras divinidades etéreas).

Para salvar el principio de autoridad, los directivos de San Lázaro ofrecieron a los profesores un arreglo sin sustancia real, mero artificio para ganar tiempo, agudizar campañas de linchamiento mediático contra las minorías violentas y aprobar en dos o tres semanas, en periodo ordinario, lo que de otra manera habrían de hacer en el extraordinario. Todo a cambio de que fueran desahogados los caminos de acceso a la Cámara de Diputados y ésta pudiera sesionar con aparente normalidad. Si los opositores no aceptaban la ganga, entonces el congreso soberano se sentiría en libertad de aprobar la ley del servicio docente este mismo periodo extraordinario. La tomas o la dejas.

Finalmente, los diputados fueron llevados en autobuses a la sede del Senado para realizar su sesión conjunta, dar por iniciado el periodo extraordinario y quedar en condiciones de aprobar la ley polémica. Al momento de dar estos teclazos no se tenía reporte de la reacción de los profesores. En estrictos términos jurídicos y procesales, el Poder Legislativo estaría listo para funcionar. Pero en términos políticos y sociales esa presunta representación popular y republicana actúa como simple correa de transmisión de órdenes superiores, en este caso Los Pinos y su coartada pluripartidista, el Pacto por México.

Están en crisis la mayoría de las instituciones públicas, en especial las integradas en procesos electorales impugnados, salpicados de corrupción y abusos. No hay legitimidad, sino una funcionalidad cada vez más distante de los intereses de las mayorías del país. Frente a esa maquinaria sin respetabilidad no son viables las formas tradicionales de búsqueda de atención y diálogo. Las bancadas legislativas del partido dominante y de los presuntamente opositores han sido desplazadas por el Pacto por México, de tal manera que el ejercicio en las cámaras es simplemente de convalidación de lo decidido externamente.

En otro tema: continúa el carnaval de la impunidad. El cura salesiano José Carlos Contreras obtuvo su inmediata libertad conforme a una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con cuatro votos a favor y uno en contra, del ministro José Ramón Cossío.

Contreras fue acusado de la violación y el asesinato de Itzachel Shantal González López, de 16 años, alumna del Instituto Salesiano Carlos Gómez, en cuyo salón de usos múltiples fue encontrado el cuerpo sin vida el 22 de octubre de 2007, con el panista Marcelo de los Santos como gobernador, personaje particularmente cercano a la élite clerical potosina. El sacerdote Contreras fue inicialmente defendido por el abogado Cándido Ochoa, quien luego se convirtió en la parte oficialmente contraria al ser nombrado procurador de justicia en la administración del siguiente gobernador, el priísta Fernando Toranzo, quien en sus primeras acciones llamativas ordenó cumplir con la orden de aprehensión que el mandatario saliente, De los Santos, retenía para favorecer al cura. Actualmente, Ochoa es el secretario general de gobierno.

A pesar de tan constantes puntos de contacto con el poder político, desde el que se suelen fabricar expedientes penales a los opositores, diluir o degradar los de los cercanos a los afectos de los poderosos, los rigurosamente letristas ministros de la SCJN encontraron que los cargos contra el religioso eran carentes de sentido común y estaban fuera de lógica, según resumió Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Ex policía con una larga y polémica trayectoria, ahora dedicado a investigaciones criminalísticas relacionadas con asuntos de marcado abuso de poder, Julio Ceballos Alonso señaló ayer en la capital potosina que la liberación del salesiano se debió a la conjunción de los poderes del clero y la derecha. Ceballos escribió el libro Shantal, asesinato en el Salesiano y ha señalado de manera implacable al cura Contreras como responsable de los delitos de los que ahora ha sido exonerado. El investigador asegura que las pruebas de la violación y el asesinato fueron maquilladas por órdenes del entonces gobernador Marcelo de los Santos, y que el cura no recibió una declaración de inocencia sino de insuficiencia de pruebas en su contra.

Y, mientras el PRD promueve su consulta sobre energéticos con el actor Héctor Suárez, ¡hasta mañana!

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