De enero a julio de este año se incrementaron de manera significativa las denuncias en contra de desarrolladores inmobiliarios que abusaron de la norma 26, pues de las cinco denuncias que recibió la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a lo largo de 2011, se dispararon hasta 35, en estos primeros siete meses. En total, suman 63 las quejas presentadas por esa causa en los últimos dos años y medio.

Así lo precisó el titular de ese organismo, Miguel Angel Cancino, quien remarcó que al amparo de dicha norma varias constructoras recurrieron a cualquier tipo de truco para edificar vivienda de interés social, pero ya terminadas las ofertaban como si fueran condominios residenciales, llegando a precios de hasta 6 millones 500 mil, inalcanzables para los grupos sociales de menores ingresos de esta capital, a quienes se pretendía beneficiar con el referido ordenamiento.

En entrevista con este diario, el procurador ambiental puntualizó que la norma 26 –suspendida temporalmente desde el pasado 19 de agosto y hasta el próximo 13 de diciembre– establecía que las constructoras que se ampararan en ella no podían vender sus inmuebles en más de 709 mil pesos, pero para evadir la ley recurrían a triangulaciones o vendían por separado los acabados y cajones de estacionamiento, con lo que incrementaban el precio final, y sus ganancias.

Cancino remarcó que las demarcaciones donde hay una mayor violación a la norma 26 son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

El titular de la PAOT detalló que el gobierno de la ciudad trabaja ya en una reforma legal que tipificará como delito penal todas las violaciones a las disposiciones en materia de uso de suelo.

Al respecto, el consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno local, José Ramón Amieva, dijo que como parte de las modificaciones está la posibilidad de imponer cárcel de dos a cuatro años a quienes hagan mal uso de ese ordenamiento o vendan un inmueble sin contar con el certificado de uso de suelo.

El delegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, se manifestó en favor de que se mantenga esa norma, pero que incluya candados.

Por la mañana, integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal y la Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares entregaron en la Asamblea Legislativa un escrito en el que piden derogar la Ley de Desarrollo Urbano, tras advertir que la suspensión temporal de la norma 26 no es suficiente para terminar con los abusos de las inmobiliarias.

Víctor Manzanares, de la coordinadora, dijo que hace cuatro años advirtieron que establecer el concepto de vivienda de interés social y otro de vivienda popular favorecería actos ilegales en el sector, y es lo que pasó.