San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de agosto.

Al cumplirse 30 días de desplazamiento y exilio, anunciaron su retorno al ejido Puebla, de Chenalhó, los católicos agredidos y amenazados por evangélicos vinculados abiertamente con los paramilitares que realizaron la masacre de Acteal en 1997. El día 8 se firmó un convenio de civilidad, distensión y respeto mutuo, mediado por el gobierno estatal. Que quede claro que respetamos el acuerdo desde el momento en que no hemos hecho ninguna agresión, y harán valer su contenido pese a fundados temores de que no sea respetado por la otra parte, expresaron hoy los tzotziles que regresarán a sus hogares este martes acompañados por una caravana civil.

Por su parte, el Frayba alertó del riesgo de que la violencia persista y aumente, debido a la nula actuación de las autoridades de Chiapas encargadas de procurar justicia. Solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los indígenas, e informó que acompañará el retorno y mantendrá un monitoreo permanente sobre los derechos humanos en la zona.

Los desplazados aclaran: Tuvimos que salir por las amenazas y el clima de violencia creado por las autoridades comunitarias y sus seguidores. Retornan aunque los peligros no han desaparecido. Los católicos de Puebla y la parroquia de San Pedro Chenalhó firmaron con dichas autoridades, ante una comisión interinstitucional, un convenio que establece libre tránsito en el ejido y cese de agresiones.

No puede haber auténtico diálogo si no es sobre la base de la verdad, y algunas verdades no se han respetado, apuntan. Las autoridades comunitarias les negaron que fueran desplazados “porque ‘nunca firmaron una orden de que saliéramos’; no se necesita un papel para obligar a alguien a salir de su comunidad por seguridad”. Las amenazas son claras desde el momento en que su grupo intentara linchar a tres compañeros; mientras sigan diciendo la calumnia de que envenenamos el agua, nos amenazan, y mientras sigan diciendo que no golpearon a nadie, están mintiendo.

Consta en las actas del ministerio público la verdad de los golpes, y en cambio ellos nunca demostraron el envenenamiento. Otro ejemplo de cómo confunden es que presenten como católicos tradicionalistas que reclaman la ermita a Domingo Gutiérrez Gutiérrez y Antonio Gómez. El primero es diácono presbiteriano y el segundo, pastor del séptimo día.

Los católicos demandan suspender las guardias que impiden el libre tránsito y las acusaciones falsas, respeto a personas y propiedades, alto a las agresiones con piedras a sus casas, acelerar el proceso legal para determinar la legítima posesión del predio y el pago de daños. De la comisión interinstitucional, que también firmó, esperan que vigile el cumplimiento de lo acordado.