unca como ahora se necesita decir las cosas por su nombre.

Toda lucha política comienza siendo una lucha por el control de los símbolos. Lázaro Cárdenas fue un gran presidente porque al interpretar correctamente el contexto internacional y nacional en el que se movía el país llevó a cabo una modernización económica y política que ponía en el centro a las fuerzas sociales mayoritarias. Todos los intentos posteriores de reformas modernizadoras han fracasado porque han sido excluyentes, porque han generado enormes riquezas malhabidas y como señalaba hace algunas décadas Gabriel Zaid porque han sido modernizaciones impuestas de manera pre-moderna: la razón como arbitrariedad que no escucha razones.

Vayamos al centro de la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto.

Es una reforma que propone privatizar segmentos importantes de la cadena petrolera y de la energía eléctrica. Lo propone, según lo han dicho los portavoces del gobierno –pero esto no se encuentra reflejado en la iniciativa de reformas– a través de contratos de utilidad compartida y de eliminar –con la reforma al artículo 28 constitucional– el monopolio estatal en materia energética. Deja sin embargo muchos temas por definir y entre ellos de manera sustancial cómo se repartirá la renta petrolera.

Se trata de una reforma que se sitúa no entre las propuestas del PAN y la del PRD, sino entre las exigencias de las empresas petroleras multinacionales y las potenciales exigencias de los ciudadanos expresadas en la calle.

Aun así ya es posible responder a preguntas claves.

¿Es mejor el régimen actual de Pemex?

No. Tanto por las reformas legales previas como por las prácticas económicas prevalecientes se han privatizado áreas centrales de esta empresa, pública en su nombre pero no en su sustancia. Sobre todo se abandonó la idea de convertir a la industria petrolera en el eje de un nuevo proceso de industrialización, como de manera no tan paradójica lo han estado realizando recientemente en Estados Unidos.

¿Es la renta petrolera de todos los mexicanos?

Sólo en parte, en la parte de los recursos confiscados por la Secretaría de Hacienda, que efectivamente terminan en sueldos para los empleados, infraestructura y programas sociales. Una parte sustancial se queda en las redes inmensas y omnipresentes de corrupción, en los negocios de la cúpula sindical y en los sueldos de la alta burocracia. Esa confiscación demuestra que los verdaderos dueños de Pemex son el consorcio público-privado que se reparte alegremente la renta petrolera.

¿El Estado ejerce la rectoría sobre Pemex?

No. Conforme el Estado se fue debilitando en su capacidad de dirigir los procesos económicos, políticos y sociales terminó convirtiéndose en un archipiélago de rentistas que más que conducir se volvieron usufructuarios de los recursos públicos.

Nadie puede darse por satisfecho ante el estado actual de Pemex y CFE.

Se requieren cambios de fondo. Eso implica una triple discusión: deben Pemex y CFE mantener su carácter de empresas públicas, debe la renta petrolera ser usufructuada por el conjunto de la ciudadanía y debe el Estado recuperar la rectoría económica sobre esos recursos estratégicos.

Esta discusión debería ser previa a las reformas constitucionales propuestas porque aún permitiendo la participación privada es indispensable un Estado con capacidad reguladora que no tiene actualmente. Si el modelo es Petrobras o Statoil se necesita un Pemex fortalecido y no uno tan debilitado que termine siendo devorado por la competencia oligopólica que prevalece en los mercados internacionales.

Para esto se requiere deliberación pública y consulta ciudadana. Sin las cuales podemos caer en lo que ya advertía Daniel Cossío Villegas: Hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o una teoría.

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