La directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamente Díez, manifestó su preocupación porque se incluya a esa institución en el programa de evaluación magisterial previsto en las leyes secundarias de la reforma educativa, lo cual trastocaría la vida interna y las relaciones laborales del instituto, al equipararlo con las instituciones de la educación básica y media básica.

En reunión con diputados de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, encabezada Jorge Federico de la Vega (PRD), Bustamante Díez demandó que se dé al IPN un trato autónomo, como el que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones de educación superior, y se emita un artículo transitorio para que no se le incluya en el proceso de evaluación que se sugiere en la legislación secundaria de la reforma al artículo tercero constitucional.

Las excepciones existen y queremos que este panorama se tome en cuenta, si es que la ley secundaria viene en esos términos, manifestó a los diputados, tras recordar que el instituto es descentralizado de la Secretaría de Educación Pública.

Bustamente Díez dijo estar de acuerdo con la reforma, en cuanto a que debe estar regulado el conjunto de procesos, y en mejorar los mecanismos de evaluación; no tenemos inconveniente, pero sí estamos interesados en que la estructura normativa de la institución se respete.

Demandó también incremento al presupuesto del instituto, al ser insuficiente el actual y ante el incremento de la matrícula a mil lugares.

En entrevista, detalló que alrededor de 95 por ciento del presupuesto de esa casa de estudios se destina a pago de salarios y prestaciones, y sólo le queda 5 o 6 por ciento para operar y crecer.

Aseguró que, en términos reales, los recursos que son de alrededor de 12 mil 600 millones de pesos han disminuido, por lo cual demandó que se eleven un mínimo de 14 mil 800 millones de pesos.

Aparte, el presidente de dicha comisión se sumó a la petición de la directora del IPN, mientras el diputado del PT, Héctor Hugo Roblero, dijo que su partido no aprobará leyes secundarias que violenten la autonomía de la institución educativa. Dulce María Muñiz Martínez (PRI) llamó a dejar de lado los colores de los partidos y favorecer al sector educativo. Queremos el bienestar del país y eso se basa en la educación, dijo. Raymundo Nájera (PRD) consideró seria y entendible la preocupación del IPN. Finalmente, el priísta Jorge Herrera dijo que el compromiso es buscar en las leyes secundarias el trato que merece la institución educativa.