Representantes de varios sectores productivos y de la sociedad civil de Michoacán exigieron al presidente Enrique Peña Nieto poner especial atención a lo que ocurre en la entidad, pues el clima de violencia e inseguridad que prevalece desde hace tiempo puede derivar en un estallido social.

En conferencia de prensa, más de una veintena de productores del campo, académicos y profesionistas, representantes de comunidades indígenas y de organizaciones civiles, así como empresarios del sector turístico y de la construcción se dijeron desesperados por la situación de violencia y la desaceleración económica que ha generado en prácticamente todas las actividades de la entidad.

Señalaron que la política de seguridad aplicada por la administración del presidente Peña y la anterior, de Felipe Calderón, son muy similares, pues se han centrado en el envío de elementos policiacos y militares, cuando lo que necesita el estado son acciones concretas, recursos económicos y políticas públicas eficaces que restablezcan la planta productiva.

En medio de esta situación, en la que se combina la violencia y la falta de empleo y de oportunidades para la gran mayoría de la población, será imposible sostener la estabilidad social del estado, dijo Sotero Samuel Fernández, ex vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción sección Michoacán.

Por su parte, Tito Fernández Torres, presidente del Movimiento Paz y Dignidad, que agrupa a 40 asociaciones civiles, aseguró que Michoacán vive un verdadero caos, en una situación extremadamente grave. Además, reprochó que en sus casi nueve meses de iniciado su gobierno, el presidente Peña Nieto no ha realizado una sola gira por la entidad.

Además, varios representantes de los productores de aguacate admitieron en la conferencia que son obligados a pagar derecho de piso a la delincuencia para poder comercializar su producto. El pago es de mil pesos por hectárea. No lo hacemos (el pago) porque queramos, pero con eso ya no nos roban y dejan que vendamos nuestro producto, dijo el pequeño productor originario de Uruapan, quien para este caso pidió omitir su nombre.

En tanto, Miguel Urbina, prestador de servicios turísticos, y Bulmaro González López, restaurantero de Apatzingán, señalaron la caída dramática de las actividades económicas en general, y de manera particular la turística, pues no hay libre tránsito de las personas debido a la violencia.

De igual forma, participaron entre otros, el presidente del comisariado indígena de San Juan Nuevo, Ambrosio Ruiz Soto; Hugo Domínguez, académico, y Arturo Galván, del Colegio de Abogados de Uruapan. Este último señaló que los empresarios y los ciudadanos se encuentran a dos fuegos: el fuego de las actividades criminales y el fuego de los delincuentes vestidos de policías que no han dejado de atropellar los derechos de los ciudadanos.