Funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) en los estados actúan como promotores de las empresas que quieren comprar o rentar tierras en los ejidos.

Los representantes locales de la PA apoyan la venta de tierras y validan asambleas ejidales ilegales, han dejado de cumplir el papel que la ley les asigna, denunciaron líderes campesinos y hasta el titular del organismo, Cruz López Aguilar.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció hace unos días en entrevista que los funcionarios agrarios, que deberían asumir la defensa de los ejidatarios se han convertido en los principales promotores de los compradores de tierras.

El procurador agrario, López Aguilar, admitió que hay corrupción en los representantes de este organismo, estos malos servidores públicos utilizan las facultades inherentes a su cargo para favorecer a quienes tuercen la ley a su modo, cometen irregularidades, traicionan la lealtad que debemos a las instituciones y despojan a los que sólo tienen como patrimonio la tierra. Anunció una depuración total de la procuraduría.

Hay casos que han derivado en conflictos sociales, como el proyecto de la presa La Parota, en Guerrero, y la instalación de plantas eólicas en San Dionisio del Mar, Oaxaca, entre muchos más de venta o renta para el desarrollo de centros turísticos, inmobiliarios, represas o planes mineros. En el país hay en total 31 mil 518 ejidos y comunidades que ocupan 54.1 por ciento del territorio nacional y hay 5.7 millones de ejidatarios, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadísticia y Geografía (Inegi).

Olvidan la defensa de la tierra

En el marco de la ley agraria, a la PA se le otorgó la función de asistir por petición a los ejidatarios; en su estructura hay delegados en los estados, mientras que en las regiones y municipios hay residencias de este organismo, explicó Federico Ovalle de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac). Apuntó que los residentes son los que asisten y convocan, junto con el comisariado ejidal, a las asambleas y les dan validez legal.

Ha habido no solamente actos de corrupción, sino que ha servido para muchas cosas, menos para procurar y defender los derechos de los ejidatarios. Recordó que en el ejido Emiliano Zapata en el municipio Tampamolon en la sierra de la huasteca potosina, Miguel Martínez, primero fue residente de la PA en Ciudad Valles y terminó como comisariado ejidal, sin ser ejidatario.

Alejandro Cruz, de la organización Maíz, sostuvo que la PA pasa como legales algunas asambleas que no lo son porque no tienen quórum o no hay ejidatarios, en ocasiones llegan acarreados. En el Istmo de Tehuantepec la venta de tierras para las instalaciones eólicas se realizó con asambleas ilegales, apuntó.

Lo que sucede, detalló, es que las empresas se ponen de acuerdo con el comisariado, el cual ahora sólo es el representante del ejido y su función es hacer cumplir los acuerdos de asamblea, pero ha ocurrido que firma convenios sin el consentimiento de ella y la PA les da la legalidad.

Relató que un ejemplo es San Dionisio del Mar, donde se paró la instalación de plantas eólicas y se obtuvo la suspensión del proyecto porque los ejidatarios no habían sido consultados. Si se revisa, muchos de los acuerdos firmados por los comisariados son ilegales, la asamblea es la que tiene que autorizar la firma, y eso a veces no se hace.

También recordó el proyecto de la presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad, donde los ejidatarios ganaron amparos contra la obra porque demostraron no haber sido consultados y que el acuerdo había sido firmado por el comisariado sin el aval de la asamblea.

Es una conducta común de la PA y el anterior procurador, Rosendo Patiño, se dedicó a promover la inversión en ejidos y comunidades. Primero impulso el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) con el argumento de la venta de tierras, y cuando el proceso concluyó se dedicó a promover la inversión en ejidos y comunidades. No es la función que debería tener la PA, de acuerdo con la ley.

Álvaro López, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, mencionó que desde el sexenio pasado se empezaron a presentar casos en los que delegados de la anterior Reforma Agraria y de la PA eran los enlaces de empresas interesadas para que ejidatarios o comuneros vendieran sus tierras.

Mencionó que en 2010 una empresa española productora de energía eólica le quiso rentar por 30 años una parcela en el ejido Villamar en Champotón, Campeche.

“Me acerqué a la PA, que tiene la obligación de representarnos como sujetos agrarios, me dijeron: ‘en un ejido de Baja California hicimos un contrato que es éste’ y me lo mostraron. Vi que la PA en ese documento se prestaba para que se estableciera que terceros ajenos a quien rentaba originalmente pudiera disponer el destino de las tierras”.

Dijo que él le planteó a la empresa sus condiciones y pidió que retiraran esa cláusula que permitía a la empresa rentar a su vez las tierras, pero como se rehusó el acuerdo no se concretó. Descubrí que el programa de inversión pública y privada en el campo que empuja la PA, se ha convertido en un promotor inmobiliario para convencer en asambleas a ejidatarios y comuneros de que renten o vendan.