Ciudad Juárez, Chih., 11 de agosto.

Familiares de los primos Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, víctimas de desaparición forzada en un retén, el 29 de diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, dieron a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una solicitud de revisión sobre la actuación de las autoridades mexicanas al respecto.

La señora María de Jesús Alvarado Espinoza dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que sus integrantes se llevaron a los primos, pero no se sabe nada de ellos, pese a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Personal del 35 batallón de infantería detuvo el 29 de diciembre de 2009 a Irene, Nitza Paola y José Ángel, e incluso hay pruebas de que los militares los tuvieron en su poder, como lo aseguraron en 2010 María, Jaime y Rigoberto Alvarado, campesinos del municipio de Buenaventura, ante la CIDH.

Por lo pronto, la CIDH ya solicitó al gobierno mexicano que informe sobre el paradero de José Ángel Alvarado Herrera, de 32 años; de Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 19, y de Rocío Irene Alvarado Reyes, de 30, así como sobre su estado de salud, dijo María de Jesús.

La camioneta en que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención fue incautada por el Ejército, que la puso a disposición en la Agencia Estatal de Investigaciones ubicada en Casas Grandes, donde permaneció varias semanas, según consta en el carpeta de investigación número 5326-000124/2009, agregó.

María de Jesús recordó además que el 30 de diciembre de 2009 familiares de las víctimas intentaron presentar una denuncia por desaparición forzada, y un agente del Ministerio Público de apellido Leyva les dijo saber que sus parientes estaban detenidos en las instalaciones del 35 batallón de infantería, en Nuevo Casas Grandes.

Tres meses después de la detención, Nitza hizo una llamada telefónica a una amiga, a quien dijo llorando: ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva.

Posteriormente, la familia de los desaparecidos y sus defensores denunciaron amenazas en su contra, por lo que el 28 de junio de 2011 fueron otorgadas medidas cautelares para su protección, y se añadieron quejas ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

De su lado, el Ministerio Público Federal en Ciudad Juárez se niega a consignar el caso ante un juez para que se gire orden de aprehensión contra los presuntos responsables, plenamente identificados, afirmó María de Jesús.