La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad, al considerar que las adiciones a la Ley de Ejecución de Sanciones, al Código Procesal Penal y al Código de Procedimientos Penales de Nuevo León son inconstitucionales e inconvencionales, además de que invaden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión de legislar en materia de delincuencia organizada. Consideró que el artículo 26, párrafo 4 de la Ley de Ejecución de Sanciones de Nuevo León, al restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, contraria los principios pro persona y de reinserción social. El artículo 171, últimos tres párrafos del Código Procesal Penal, que dispone que en cualquier delito podrá aplicarse la prisión preventiva u otras medidas cautelares, siempre que resulten procedentes, representa una disposición inconstitucional e inconvencional, al ser discrecional y violatoria de los principios contemplados en la Constitución; además de contrariar el principio de reinserción social, libertad personal y presunción de inocencia. Indicó que el artículo 275 bis del Código de Procedimientos Penales para Nuevo León viola el derecho a la intimidad.