San Cristóbal de las Casas, Chis. 9 de agosto.

Una deuda histórica, permanente y pendiente del Estado mexicano es el reconocimiento consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sostuvo hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). No obstante, el discurso oficial lo instrumentaliza para promover la industria del turismo, realizar festivales y visibilizar el folclore anacrónico en la realidad nacional.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, y del décimo aniversario de las juntas de buen gobierno (JBG) instaladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Los Altos, la Zona Norte y la Selva Lacandona en 2003, el Frayba apuntó que en Chiapas se ejerce resistencia y autonomía en defensa de la tierra y territorio.

El centro de derechos humanos reiteró la deuda del Estado con los pueblos al no reconocer sus derechos, dando prioridad a intereses económicos y acciones que violan los derechos colectivos e individuales, como la explotación minera, la imposición de presas hidroeléctricas, proyectos eólicos, construcción de carreteras de cuota, privatización de los recursos naturales, entre otros, que afectan la tierra y el territorio que ancestralmente habitan los pueblos.

En el país, y en el caso específico de Chiapas, quien se organice por la defensa y ejercicio de sus derechos colectivos y difiera del interés patronal neoliberal es criminalizado, reprimido, añade el Frayba. Las políticas de los gobiernos mercantilizan los recursos naturales y toda la vida en los territorios ancestrales donde habitan los pueblos indígenas, en una lógica de explotación y no reconocimiento de sus expresiones culturales, con otros sistemas de vida que tienen sus raíces antes de la colonización y son parte de la diversidad que nos sustenta como humanidad.

Los territorios indígenas poseen la biodiversidad más rica de Chiapas y siempre han atraído intereses nacionales e internacionales que los gobiernos federal y estatal quieren imponer, en detrimento de los derechos humanos y contra su obligación de promoverlos, respetarlos y garantizarlos. A propósito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El Frayba señaló en particular la participación de las mujeres indígenas en Chiapas, actoras relevantes en el proceso social de defensa del derecho a la tierra y territorio. Ellas han permanecido invisibles en las experiencias compartidas de lucha por el territorio. Sin embargo, la reivindicación de sus derechos a la libre determinación y al ejercicio de la autonomía tiene uno de sus pilares en el uso y disfrute de los recursos naturales, además del reconocimiento de su trabajo y en el derecho a vivir una vida libre de violencia. El organismo llama la atención sobre la situación de los infantes indígenas, objeto de políticas asistenciales, que nunca son sujetos que participan en el ejercicio de sus derechos.

Ante la negativa del gobierno para reconocer el proceso de reivindicación y luchas de los pueblos en México, el Frayba concluye que, no obstante, ahora los derechos colectivos son una realidad por el ejercicio de los Acuerdos de San Andrés, como lo testimonian diez años de los caracoles y las JBG del EZLN, muestra ejemplar de la autonomía de los pueblos en la construcción de sus derechos.