El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó que jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), sin excepción, sean sometidos a una revisión exhaustiva de su evolución patrimonial, que incluye la inspección de sus cuentas bancarias e informes contables, con el fin de prevenir actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La decisión cambia de modo radical los métodos de vigilancia que implementaba el órgano disciplinario del PJF, ya que antes sólo procedían las inspecciones cuando existían quejas administrativas acompañadas de pruebas contra algún funcionario.

A escala nacional, la Judicatura tiene adscritos a poco más de mil 200 jueces y magistrados, amén de que en todo el PJF laboran unas 35 mil personas.

Las fuentes precisaron que el CJF autorizó que de manera continua la propia Judicatura revise la evolución patrimonial de los jueces.

Para ese fin, el consejo firmó un acuerdo con la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que le permitirá recibir una cascada de información sobre manejos sospechosos o irregulares de las cuentas bancarias de los juzgadores.

Si bien la UIF surtirá de información al CJF sobre dichos movimientos financieros, será este último el que determinará en qué casos se revisa la evolución patrimonial de cada impartidor de justicia, aunque se pretende que todos los funcionarios del PJF estén bajo vigilancia constante.

Hasta mayo pasado, un mes antes de que se firmara un acuerdo entre la Judicatura y el gobierno federal, era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la única que podía revisar las cuentas que cada juez tenía abiertas en el sistema bancario mexicano, siempre a petición del consejo.

No hay motivos para husmear: fiscalista

El fiscalista Marco Antonio González Rojas dijo que si un funcionario judicial no da motivos para husmear en sus cuentas bancarias –es decir, que no realice transferencias superiores a 200 mil pesos al mes o no efectúe compraventa de bienes–, cualquier acción de la UIF sería ilegal.

Esa unidad sólo puede actuar cuando alguna persona, sea o no juez, realice operaciones financieras por un centavo más allá de los montos estipulados. Si se husmea en cuentas bancarias de oficio y sin previo reporte de operación inusual emitido por una institución bancaria, procede el amparo contra ese acto de autoridad, agregó.

Las bases de colaboración con la UIF fueron firmadas el 11 de junio pasado por el CJF, que mediante ese convenio podrá tener contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina que diariamente recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la ley contra lavado de dinero.

Esa ley obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros, empresas y profesionistas a emitir reportes inmediatos a la UIF.

Hace unos días, Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se manifestó contra el establecimiento de controles de confianza para el personal del PJF, como han sugerido integrantes de otros poderes del Estado.